México.- La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los cuestionamientos sobre si Guadalupe Taddei habría salido del país, luego de que su nombre fuera mencionado en el contexto de una investigación gubernamental relacionada con presuntas irregularidades en contratos electorales.
Durante la conferencia matutina de este jueves 5 de noviembre, un reportero preguntó a la mandataria si en las reuniones del Gabinete de Seguridad se había presentado información sobre la situación migratoria de Taddei y de los hermanos José Alfredo y Reymundo Hernández Casillas.
Los empresarios fueron señalados dentro de una investigación sobre compañías que habrían recibido contratos de organismos electorales. Sin embargo, durante la conferencia no se presentó información que confirmara que Taddei o los hermanos Hernández Casillas hubieran abandonado México.
Sheinbaum explicó que, hasta ese momento, el asunto no había sido tratado en las reuniones de seguridad. No obstante, indicó que podía solicitarse la información correspondiente para verificar su situación.
Ante la insistencia del reportero sobre si esa respuesta significaba que las tres personas continuaban en territorio mexicano, la presidenta contestó: “Sí, eso es lo que presumimos. Pero bueno, que se revise la investigación”.
La declaración de la mandataria se limitó a señalar lo que el Gobierno federal presume hasta ahora y a pedir una revisión. Por ello, su respuesta no representa una confirmación oficial sobre los movimientos migratorios de las personas mencionadas.
Investigación sobre contratos electorales
El cuestionamiento sobre el paradero de Taddei surgió después de que la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, presentara información sobre una red de empresas presuntamente vinculadas con José Alfredo y Reymundo Hernández Casillas.
De acuerdo con los datos gubernamentales expuestos, las compañías relacionadas con los empresarios habrían obtenido contratos por más de 2 mil 646 millones de pesos. Las operaciones bajo revisión involucran adjudicaciones realizadas por organismos públicos locales electorales, conocidos como OPLE.
La investigación señala que, entre 2014 y 2023, las empresas obtuvieron adjudicaciones en 23 de los 32 organismos electorales locales del país. Posteriormente, entre 2024 y 2025, otros 15 organismos habrían asignado contratos por 646 millones de pesos.
Buenrostro explicó que las autoridades detectaron compañías que participaban en procedimientos de contratación distintos, pero que presuntamente compartían a los mismos beneficiarios finales. También se identificaron coincidencias en domicilios y números telefónicos.
Según lo presentado por la funcionaria, algunas de las empresas no contaban con trabajadores declarados o no habrían acreditado la capacidad técnica necesaria para prestar los servicios por los que fueron contratadas. Estos elementos forman parte de las observaciones analizadas por las autoridades.
Montos todavía pueden modificarse
La titular de Anticorrupción y Buen Gobierno indicó que la revisión fue elaborada con información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia y en Compranet Histórico. También aclaró que las cantidades reportadas podrían cambiar conforme avancen las auditorías y se incorporen nuevos datos.
Hasta lo expuesto en la conferencia, no se informó de una conclusión definitiva sobre las responsabilidades de las personas o empresas mencionadas. Tampoco se detalló si existe alguna orden o restricción migratoria relacionada con el caso.
La postura de Sheinbaum fue que se presume que Taddei y los hermanos Hernández Casillas permanecen en México, aunque consideró necesario revisar la investigación y solicitar la información oficial correspondiente. Las indagatorias sobre los contratos electorales continúan sujetas a las verificaciones de las autoridades competentes.
