Ciudad Juárez, Chihuahua.— El director de la Casa del Migrante, el padre Francisco Javier Bueno Guillén, avaló las recientes y severas condenas impuestas contra traficantes de personas, al considerar que representan un precedente judicial importante frente a delitos que afectan a la población migrante.
El sacerdote también manifestó su preocupación por el incremento de casas de seguridad presuntamente utilizadas por grupos criminales para retener y extorsionar a personas en contexto de movilidad dentro de Ciudad Juárez.
De acuerdo con Bueno Guillén, actualmente se detectan entre cuatro y seis inmuebles de este tipo por semana. La cifra fue expuesta por el director de la organización como parte de su advertencia sobre los riesgos que enfrentan quienes llegan o atraviesan la frontera sin acompañamiento ni orientación.
El responsable de la Casa del Migrante señaló que las personas que viajan solas se encuentran entre las más vulnerables. La falta de una red de apoyo, el desconocimiento de la ciudad y la necesidad de encontrar transporte o alojamiento pueden colocarlas en situaciones de riesgo frente a quienes buscan aprovecharse de su condición.
Advierten riesgo de retención y extorsión
Según lo expresado por el sacerdote, algunos grupos criminales utilizan estos inmuebles para mantener retenidos a migrantes y exigir dinero a cambio de su liberación. En ese contexto, advirtió que las personas en movilidad enfrentan una alta vulnerabilidad ante delitos como el secuestro y la extorsión.
La alerta se concentra especialmente en quienes transitan sin información suficiente o recurren a personas desconocidas para continuar su recorrido. Bueno Guillén subrayó la importancia de que los migrantes reciban orientación y eviten exponerse a redes que puedan trasladarlos hacia lugares donde quedarían incomunicados o bajo amenazas.
El señalamiento sobre la detección semanal de casas de seguridad corresponde a la información compartida por el director de la Casa del Migrante. En el material disponible no se precisaron las ubicaciones de los inmuebles, el periodo exacto al que corresponde el registro ni el número de personas localizadas en ellos.
Sentencias, un precedente contra la impunidad
Bueno Guillén sostuvo que las condenas recientes sientan un precedente histórico y judicial, debido a que establecen consecuencias para quienes participan en el tráfico de personas y en otras conductas delictivas relacionadas con el traslado y la retención de migrantes.
A su consideración, estas resoluciones contribuyen a frenar la impunidad que durante años ha rodeado este tipo de casos. El sacerdote explicó que muchas víctimas no presentan una denuncia formal, principalmente por temor o por desconfianza hacia las autoridades.
La ausencia de denuncias puede dificultar que los casos avancen ante las instancias correspondientes, especialmente cuando las víctimas continúan su camino, temen represalias o no conocen los mecanismos disponibles para solicitar apoyo. Por ello, el director de la Casa del Migrante destacó la relevancia de que las sentencias envíen un mensaje claro sobre la persecución de estos delitos.
En la información proporcionada no se detallaron las penas impuestas, la identidad de las personas sentenciadas, el número de víctimas involucradas ni las causas penales relacionadas. Tampoco se especificó qué autoridad emitió las resoluciones mencionadas por el sacerdote.
Persisten riesgos para la población migrante
La advertencia de la Casa del Migrante pone nuevamente la atención en las condiciones de inseguridad que pueden enfrentar las personas en movilidad durante su estancia en Ciudad Juárez. El riesgo aumenta, según Bueno Guillén, cuando viajan sin compañía y carecen de información confiable sobre albergues, servicios o instituciones de apoyo.
El sacerdote insistió en que las condenas son relevantes, pero su posicionamiento también refleja la necesidad de mantener la atención sobre los inmuebles utilizados para retener personas y sobre las redes que operan alrededor de la población migrante.
Para la Casa del Migrante, combatir la impunidad y generar condiciones para que las víctimas puedan denunciar sin miedo son elementos necesarios frente a delitos que, por su naturaleza, suelen permanecer ocultos.
