México.— La iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos plantea ampliar el uso de transferencias, tarjetas y otras herramientas electrónicas en México, tanto en operaciones comerciales como en trámites y servicios gubernamentales.
El proyecto establece que las autoridades federales, estatales y municipales deberán realizar las acciones necesarias para aceptar medios de pago digitales. También contempla que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determine los sectores o actividades en los que estas herramientas podrían convertirse en la única forma de pago.
Esto no significa, sin embargo, que el efectivo vaya a desaparecer automáticamente de todos los trámites a partir de enero de 2027. El texto referido no fija esa fecha para retirar billetes y monedas, y su aplicación dependería de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), así como de las reglas posteriores para cada sector.
¿Qué propone la Ley de Economía Digital?
El objetivo central es facilitar la adopción de pagos electrónicos entre la población, las empresas y las instituciones públicas. El artículo 10 de la iniciativa señala que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán habilitar mecanismos para recibirlos, informar cuáles están disponibles y atender los obstáculos que impidan utilizarlos.
La propuesta también incluye a proveedores de bienes y servicios y considera medidas para facilitar el acceso a herramientas financieras digitales. Con ello se busca disminuir la dependencia del efectivo y permitir operaciones a distancia, sin acudir físicamente a una sucursal bancaria o utilizar billetes y monedas.
El material consultado ubica la publicación de la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el 8 de septiembre de 2026. También señala que el Senado la aprobó con 72 votos a favor. No obstante, la entrada en vigor está prevista para el día siguiente de su eventual publicación en el DOF, por lo que la aprobación mencionada no equivale por sí sola a su aplicación inmediata.
¿El efectivo desaparecerá en 2027?
La iniciativa no establece enero de 2027 como una fecha general para eliminar el efectivo. Su artículo primero transitorio indica que el decreto entraría en vigor al día siguiente de aparecer en el DOF, pero después tendrían que desarrollarse otras etapas administrativas.
De acuerdo con los artículos transitorios tercero y cuarto, Hacienda contaría con 15 días hábiles desde la entrada en vigor para determinar los sectores y actividades donde los pagos digitales podrían ser la única alternativa. Posteriormente, las autoridades sectoriales tendrían otros 15 días hábiles para definir condiciones, requisitos y obligaciones.
Las disposiciones también podrían establecer una transición gradual, con mecanismos y plazos específicos para sustituir el efectivo en determinados casos. Por ello, no puede afirmarse que todos los trámites gubernamentales dejarán de recibirlo en una fecha única.
¿Qué trámites quedarían incluidos?
El proyecto no presenta una lista definitiva de trámites que aceptarían exclusivamente pagos digitales. La definición dependería de Hacienda y de las reglas emitidas por las autoridades competentes. En términos generales, las dependencias federales, estatales y municipales tendrían que incorporar opciones electrónicas para el cobro de servicios y gestiones.
Formas de pago consideradas
Entre las herramientas contempladas se encuentran las tarjetas de débito y crédito, transferencias electrónicas, códigos QR, dispositivos con tecnología NFC para pagos por proximidad y la domiciliación de cargos autorizados. También podrían incluirse otros medios reconocidos por las disposiciones correspondientes.
La exposición de motivos sostiene que estas opciones pueden reducir costos y tiempos, generar comprobantes electrónicos y facilitar operaciones entre personas ubicadas en lugares distintos. Los registros de movimientos también podrían ayudar a acreditar operaciones y crear historiales para solicitudes de crédito.
El proyecto señala como posibles beneficios una menor exposición a los riesgos del manejo de efectivo y un mayor acceso a cuentas de ahorro, préstamos y seguros, particularmente para pequeñas y medianas empresas. Al mismo tiempo, reconoce que la transición requiere conectividad, infraestructura y acceso suficiente para evitar que algunos sectores de la población queden excluidos.
En consecuencia, el alcance real de la medida dependerá del texto definitivo, su publicación en el DOF y las reglas que posteriormente se emitan. Hasta entonces, no existe una eliminación general y automática del efectivo para todos los trámites gubernamentales en 2027.
