Washington, Estados Unidos.— El Gobierno del presidente Donald Trump solicitó el miércoles a la Corte Suprema de Estados Unidos que le permita reanudar la construcción de un muro fronterizo y otras instalaciones de seguridad en una zona remota de Texas, donde se encuentra el parque nacional Big Bend.
El Departamento de Justicia pidió a los magistrados levantar la orden judicial emitida por un tribunal inferior, la cual impide que la administración federal avance con la construcción de una barrera en esa región fronteriza.
La zona involucrada forma parte de un territorio que comprende alrededor de 800 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México. En su petición, los fiscales federales calificaron la orden del tribunal de Texas como un “obstáculo” para las obligaciones del Gobierno en materia de seguridad fronteriza.
De acuerdo con los argumentos presentados ante la Corte Suprema, la administración considera necesario proteger esa parte de la frontera frente a los cruces irregulares de migrantes y las actividades relacionadas con el narcotráfico.
Proyecto contempla cámaras, sensores y una carretera
El proyecto está valuado en 1,700 millones de dólares y no se limita a la instalación de una barrera física. También contempla la construcción de una carretera, además de cámaras, sensores y obstáculos diseñados para impedir el paso de vehículos.
La propuesta ha generado opiniones divididas debido a su ubicación y al alcance de las obras. El parque nacional Big Bend comprende más de 324,000 hectáreas de tierras protegidas a lo largo de la frontera con México.
La región alberga especies animales amenazadas, yacimientos arqueológicos y paisajes considerados emblemáticos. Estas características han colocado el proyecto en el centro de una disputa entre las prioridades de seguridad de la administración federal y las preocupaciones de organizaciones dedicadas a la conservación ambiental.
Organizaciones cuestionan exenciones legales
Las organizaciones conservacionistas demandantes presentaron su caso en abril. Argumentaron que el Gobierno de Trump violó la Constitución al eximir las obras del cumplimiento de decenas de disposiciones legales con el propósito de acelerar la construcción de infraestructura fronteriza.
Buena parte de esas normas está relacionada con la protección del medio ambiente. Los grupos opositores sostienen que las exenciones permiten que el proyecto avance sin seguir procedimientos que normalmente serían obligatorios para una obra de esta magnitud en una zona protegida.
Según el material disponible, a principios de 2026 la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que la administración no tenía que cumplir con docenas de leyes, en su mayoría ambientales. La decisión fue justificada con el argumento de que existía una “necesidad aguda e inmediata” de acelerar el proyecto.
El objetivo señalado por las autoridades era combatir la entrada irregular de migrantes y el tráfico de drogas. Esa determinación forma parte del contexto legal que ahora deberá considerar la Corte Suprema al revisar la solicitud presentada por el Departamento de Justicia.
Seguridad fronteriza, prioridad de Trump
La construcción y ampliación de barreras en la frontera con México se mantiene como una de las principales prioridades de la política migratoria de Donald Trump.
En enero de 2025, tras regresar a la Casa Blanca, el mandatario ordenó reforzar la seguridad en la frontera sur mediante barreras físicas y otras herramientas de vigilancia y control. La infraestructura proyectada para Big Bend se encuentra dentro de esa estrategia.
La petición ante la Corte Suprema busca que las obras puedan continuar mientras se desarrolla la controversia judicial. La información disponible no precisa cuándo podrían pronunciarse los magistrados sobre la solicitud del Gobierno federal.
La decisión será relevante tanto para los planes de seguridad fronteriza de la administración Trump como para las organizaciones que buscan proteger los recursos naturales y arqueológicos del parque nacional Big Bend.
