Ciudad de México.- Siete personas y tres empresas fueron vinculadas a proceso por su probable responsabilidad en el homicidio culposo del fotoperiodista Miguel Ángel Rojas, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).
Rojas murió junto con la también fotoperiodista Berenice Giles después de que una estructura se desplomara durante el festival Axe Ceremonia, realizado el 5 de abril de 2025 en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México.
De acuerdo con la institución, una de las empresas señaladas, responsable de la administración del Parque Bicentenario, también quedó vinculada a proceso por el homicidio culposo de Berenice.
Investigan administración, organización y montaje
La investigación estableció distintos ámbitos de posible participación relacionados con la administración del recinto, la organización del festival y el montaje de las estructuras utilizadas durante el evento.
Entre los elementos recabados se encuentra un dictamen mecánico forense. El estudio determinó que la plataforma elevadora que cayó sobre los dos fotoperiodistas fue utilizada para funciones para las cuales no había sido diseñada.
Entre las personas vinculadas se encuentra Eduardo “N”, representante legal de la empresa encargada de administrar el Parque Bicentenario. Según la Fiscalía, tenía responsabilidad en la implementación y seguimiento del Programa Especial de Protección Civil.
También fue vinculado Marcos Francisco “N”, gerente de Operaciones de la misma compañía, quien firmó la minuta correspondiente a una inspección efectuada antes del festival. La FGJCDMX indicó que, al momento de esa revisión, todavía no estaba instalada la estructura que posteriormente cayó sobre las víctimas.
Señalan participación de organizadores y productores
Por parte de la empresa promotora del festival fueron vinculados Martín “N”, representante legal, y María “N”, directora de Producción. El primero estaba relacionado con la planeación y distribución de espacios y estructuras, mientras que la segunda declaró que en una reunión del 28 de marzo de 2025 fue aprobada la instalación de cuatro plataformas elevadoras.
La resolución judicial también alcanzó a Nathalie “N”, representante legal de la empresa responsable de actividades de producción y ambientación; Rodrigo Napoleón “N”, director creativo, y Pedro “N”, productor de eventos.
Según la Fiscalía, Nathalie “N” firmó una carta con la cual asumió obligaciones relacionadas con el montaje de las estructuras. Entrevistas incorporadas a la investigación señalan que Rodrigo Napoleón “N” participó en la instalación de las plataformas, mientras que Pedro “N” intervino en su recepción y montaje.
Resoluciones por los dos fotoperiodistas
Las siete personas y las tres empresas quedaron vinculadas a proceso por el homicidio culposo de Miguel Ángel Rojas. En el caso de Berenice Giles, la resolución alcanzó únicamente a la compañía encargada de administrar el Parque Bicentenario.
La Fiscalía explicó que esa empresa no suscribió el acuerdo reparatorio celebrado entre los familiares de Berenice, ocho personas físicas y las otras dos compañías investigadas. La información proporcionada por la institución ubica dicho acuerdo el 29 de mayo de 2026.
Como medidas cautelares, el juez ordenó que las siete personas se presenten cada dos meses ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares del Poder Judicial de la Ciudad de México. También tendrán prohibido acercarse o comunicarse con las víctimas indirectas.
Las tres empresas cuentan con un plazo de cinco días hábiles para presentar las garantías económicas de 500 mil pesos impuestas previamente a cada una. El juez también estableció tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
Con estas resoluciones, el número acumulado es de ocho personas físicas y tres empresas vinculadas a proceso por los hechos. La cifra incluye a María del Pilar “N”, responsable de Protección Civil del festival, cuya vinculación por el homicidio culposo de Miguel Ángel fue obtenida el 15 de octubre.
La FGJCDMX señaló que continuará con las investigaciones para esclarecer las responsabilidades y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias. Asimismo, subrayó que el procedimiento deberá mantenerse con respeto al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.
