México.— El Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, confirmó la presentación de tres solicitudes formales de extradición a Estados Unidos como parte de una investigación por presunto huachicol fiscal, relacionada con el ingreso y la distribución ilegal de combustibles en territorio mexicano.
El expediente está vinculado con el decomiso de un buque que transportaba aproximadamente ocho millones de litros de hidrocarburo en el puerto de Altamira, Tamaulipas. El aseguramiento, realizado en marzo de 2025, permitió a las autoridades avanzar en la identificación de personas presuntamente relacionadas con la operación.
De acuerdo con la información disponible, la investigación suma 15 personas detenidas: 11 integrantes de la Marina mexicana y cuatro civiles. También permanecen pendientes 17 órdenes de aprehensión, tres de ellas contra personas que se encontrarían en Estados Unidos y cuya entrega es solicitada por el Gobierno mexicano.
La información proporcionada no identifica a las tres personas incluidas en las solicitudes de extradición. Tampoco precisa en qué etapa se encuentra cada procedimiento ante las autoridades estadounidenses ni el plazo estimado para obtener una respuesta.
Extradición requiere equivalencia de delitos
Sheinbaum explicó que uno de los principales retos legales es la correspondencia entre las conductas investigadas en México y los delitos contemplados por la legislación estadounidense. Para que una extradición pueda avanzar, los hechos señalados deben tener una figura penal equivalente en ambos países.
En México, la investigación contempla posibles conductas como contrabando y transporte ilegal de hidrocarburos. En Estados Unidos, según lo expuesto por la mandataria, las autoridades tendrían que analizar si esos hechos pueden ser procesados bajo figuras como fraude u otros delitos equivalentes.
La presentación de las solicitudes no significa que la extradición sea automática. Cada caso debe ser revisado mediante los procedimientos legales correspondientes, con base en la documentación y los elementos entregados por las autoridades mexicanas.
¿Cómo opera el llamado huachicol fiscal?
El término huachicol fiscal se utiliza para describir el ingreso de combustibles al país mediante declaraciones aduaneras presuntamente falsas. El objetivo de estas operaciones sería evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y otras obligaciones relacionadas con la importación de hidrocarburos.
A diferencia de la extracción clandestina de combustible directamente de los ductos, esta modalidad se concentra en operaciones de comercio exterior. Los productos pueden ser declarados bajo categorías distintas a las que realmente corresponden para reducir o evadir las contribuciones fiscales.
La Fiscalía General de la República estima que la red investigada habría operado combustibles con un valor cercano a los 7 mil millones de dólares. Las autoridades también reportaron la recuperación de 1,952 millones de litros que presuntamente pretendían ser introducidos de manera ilegal al país, aunque el material disponible no detalla el periodo ni todos los operativos incluidos en esa cifra.
Personas señaladas en la investigación
Entre los nombres mencionados en la investigación aparecen los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, identificados como perfiles relevantes dentro del caso. La información consultada señala que Manuel Roberto enfrenta un proceso en México, pero no establece si alguno de los hermanos forma parte de las tres solicitudes presentadas ante Estados Unidos.
Las autoridades mexicanas deberán continuar con la integración de los expedientes y acreditar ante sus contrapartes estadounidenses la posible equivalencia de los delitos. Mientras tanto, las 17 órdenes de aprehensión señaladas permanecen pendientes y el caso continúa bajo investigación.
