Cuautla, Morelos.— Carniceros de este municipio denuncian que su actividad comercial se encuentra sometida a un esquema de extorsión que no solamente exige dinero, sino que también controla el suministro de carne, fija precios y amenaza a quienes intentan comprar el producto con otros proveedores.
El mecanismo fue descrito por un comerciante que, por razones de seguridad, pidió mantener su identidad en reserva. De acuerdo con su testimonio, el sistema funciona desde hace aproximadamente cinco años y afecta a negocios de Cuautla, la región de Los Altos y la zona oriente de Morelos.
“Yo te dejo el puerco, a mediodía quiero mi dinero en efectivo”, es la instrucción que, según relató, reciben los propietarios de carnicerías. El producto es entregado por la mañana y, cuando los encargados regresan para cobrarlo, el comerciante también debe informar cuánto necesitará para el día siguiente.
La denuncia describe un monopolio impuesto mediante amenazas: los negocios pueden seguir vendiendo, pero no tienen libertad para elegir a sus abastecedores ni negociar precios. El comerciante aseguró que los integrantes de estos grupos comenzaron a presentarse encapuchados después de que aumentaron las disputas por el control territorial.
Precios impuestos y amenazas
Según el testimonio, una canal de cerdo —el cuerpo del animal después del sacrificio y procesamiento— puede conseguirse en el Estado de México por cerca de 2 mil pesos. Sin embargo, dentro del esquema denunciado se vendería hasta en 3 mil 500 pesos, pese a que el comerciante cuestionó la calidad del producto recibido.
Buscar proveedores en el Estado de México o la Ciudad de México tampoco sería una alternativa segura. El carnicero afirmó que quienes intentan salir del sistema son amenazados y sostuvo que otros comerciantes han sido asesinados después de conseguir carne más barata para distribuirla. El material consultado no identifica esos casos ni proporciona datos que permitan verificarlos individualmente.
El miedo también dificulta la presentación de denuncias. El entrevistado señaló que los comerciantes temen acudir ante el Ministerio Público por la posibilidad de que existan funcionarios vinculados con los grupos criminales. Sus señalamientos abarcan Cuautla, Villa de Ayala, Tenextepango y otras comunidades del centro de Morelos.
Investigaciones sobre infiltración institucional
Investigaciones federales citadas en el reportaje señalan que áreas relevantes de la administración municipal de Cuautla habrían sido utilizadas para beneficiar a una estructura criminal. Entre los sectores presuntamente controlados se encuentran el comercio ambulante, el rastro, los mercados, el catastro y el cobro del predial.
Como parte de la llamada Operación Enjambre fueron detenidos funcionarios y exfuncionarios de municipios de Morelos, entre ellos autoridades de Atlatlahucan, Yecapixtla y Cuautla. El alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, también fue detenido en Acapulco, de acuerdo con la información presentada.
Ana Sánchez Guerra, regidora de Cuautla, sostuvo que las investigaciones deben continuar porque, afirmó, el alcalde “no fue solo”. También solicitó la intervención del Congreso estatal y del gobierno de Morelos ante la gravedad de la situación denunciada en el municipio.
Por su parte, Andrés Cosset, coordinador de la asociación civil Junta Soberana, consideró que el operativo federal debía estar acompañado de una estrategia integral. Advirtió que el cobro de piso continuó y que numerosos establecimientos cerraron, con consecuencias para Cuautla como centro económico de la región.
La presencia atribuida a Pueblos Unidos
Las investigaciones federales atribuyen la red a Júpiter Araujo Bernard, alias El Barbas, identificado por la Fiscalía General de la República como dirigente regional del Cártel de Sinaloa en el oriente de Morelos. A Pueblos Unidos se le relaciona con extorsiones, secuestros, homicidios, narcotráfico e infiltración en actividades políticas y de transporte.
Reportes periodísticos ubican operaciones de esta organización en al menos 16 municipios del norte y oriente de Morelos, además de localidades del Estado de México y alcaldías de la Ciudad de México.
Otro episodio ocurrió tras la detención de José David Vergara, alias El Güero Gym, señalado como segundo al mando de Pueblos Unidos. La retención y agresión de tres agentes, junto con bloqueos y la quema de unidades del transporte público, llevó a la Fiscalía de Morelos a liberarlo a cambio de recuperar a sus colaboradores.
La crisis provocó la suspensión de clases en al menos 17 escuelas y paralizó temporalmente el transporte público. Para los carniceros, mientras tanto, la amenaza continúa presente en una actividad cotidiana que, según denuncian, dejó de estar bajo su propio control. En el material consultado no se incluye la postura de las personas señaladas respecto de estas acusaciones.
