México.— El Gobierno federal informó que trabaja en la automatización del sistema de distribución de medicamentos para conocer el recorrido de cada producto, desde su entrega por parte del proveedor hasta que llega al paciente. La medida busca mejorar el abasto y combatir irregularidades, contratos costosos y el desvío de fármacos pertenecientes al sector público.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó durante su conferencia matutina que la compra consolidada continuará, pero estará acompañada de un mecanismo de trazabilidad. Para desarrollar este proceso, señaló, se buscará el apoyo del Instituto Politécnico Nacional y del Instituto Tecnológico de México.
Buscan rastrear cada medicamento
El objetivo es seguir los medicamentos durante todas las etapas: del proveedor al almacén, del almacén al centro de salud u hospital y, finalmente, de la farmacia hasta el paciente. Sheinbaum reconoció que algunos establecimientos todavía solicitan insumos mediante oficios y no a través de sistemas digitales.
“Necesitamos automatizar los almacenes, que estén perfectamente ordenados y que tengamos la trazabilidad de todo el proceso. Y lo vamos a lograr”, afirmó la mandataria.
La presidenta indicó que durante este año se pretende terminar con esos procedimientos manuales. Además de conocer la existencia de medicamentos en cada unidad, el sistema permitiría identificar retrasos, desvíos y otras anomalías en la cadena de distribución.
Exponen contrato por mil 700 millones de pesos
Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud, presentó como ejemplo un contrato aplicado en el Estado de México entre 2022 y 2023. Sin identificar a la empresa involucrada, dijo que el acuerdo alcanzó aproximadamente mil 700 millones de pesos durante esos dos años.
Tan solo en 2023, agregó, el monto fue de 872 millones de pesos. El contrato no se limitaba a la distribución, pues una empresa privada también operaba farmacias ubicadas dentro de hospitales públicos de la entidad.
Clark aseguró que, después de realizar cambios, el costo se redujo 32% y fue posible trasladar entre 30% y 40% más medicamentos a centros de salud. También señaló que se revisarán otros contratos de distribución con el propósito de que determinadas funciones sean asumidas por el sector público.
Reconocen desvío y venta de fármacos
El funcionario reconoció que existen casos documentados, así como otros todavía bajo investigación, sobre medicamentos sustraídos de hospitales y centros de salud para venderlos fuera de las instalaciones. Aclaró que estas conductas no significan que médicos, enfermeras o trabajadores sanitarios sean responsables del desabasto general.
La Secretaría de Salud pidió a la población denunciar cuando encuentre en tianguis, farmacias privadas u otros puntos de venta productos con la leyenda “La salud es un derecho, medicamento gratuito” y logotipos del Gobierno de México. De acuerdo con Clark, esos distintivos permiten advertir que se trata de insumos propiedad del sector público.
La trazabilidad sería especialmente relevante para medicamentos de alto costo. Algunos, explicó, superan los 200 mil pesos por caja, por lo que el nuevo sistema permitiría conocer el lote, su procedencia, el hospital al que fue enviado y la persona a la que fue entregado.
Mantienen restricciones a proveedores incumplidos
Clark también habló de los adeudos relacionados con compras de medicamentos. Según el funcionario, al inicio de 2026 se destinaron 10 mil millones de pesos, con lo que se redujeron en más de la mitad los procesos de pago pendientes.
El Gobierno federal mantendrá la decisión de no celebrar contratos con empresas que hayan incumplido la entrega de productos. Asimismo, cambió el esquema de adquisiciones para comprar directamente a fabricantes mediante subastas competitivas, en lugar de depender de distribuidores.
Hasta el momento, de acuerdo con la información presentada, han sido adquiridos cerca de seis mil millones de insumos y medicamentos. Las autoridades sostienen que los precios obtenidos evitarían gastos adicionales por decenas de miles de millones de pesos en las compras correspondientes a los periodos de 2025 a 2027.
