
California, Estados Unidos.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos amenazó con emprender posibles acciones legales contra California por el presunto envío de boletas de voto por correo a personas no ciudadanas para las elecciones legislativas de mitad de mandato previstas para noviembre.
La advertencia fue planteada en una carta enviada el martes a la secretaria de Estado de California, Shirley Weber. El documento está firmado por Trent McCotter, subsecretario de Justicia interino, y establece un plazo de 48 horas para que las autoridades estatales revisen la información proporcionada por el gobierno federal.
De acuerdo con la carta, obtenida por The Associated Press, el Departamento de Justicia entregó a funcionarios del condado de Los Ángeles una memoria USB protegida con contraseña. El dispositivo contiene una lista de nombres que, según el gobierno federal, probablemente corresponden a personas no ciudadanas a quienes se enviaron boletas para participar en las elecciones.
Piden verificar la ciudadanía de las personas incluidas
El Departamento de Justicia solicitó que California determine si algún ciudadano aparece dentro de esa lista. En aquellos casos en los que la ciudadanía no pueda verificarse de manera independiente, el gobierno federal pidió ordenar a los funcionarios electorales locales que separen las boletas enviadas por correo hasta aclarar el estatus de cada persona.
La carta también solicita que no se entregue una boleta a quienes figuren en el listado y todavía no la hayan recibido. La dependencia advirtió que podría recurrir a medidas legales de emergencia si el estado no cumple con la revisión dentro del plazo establecido.
“Si para entonces no pueden implementar este proceso, dada la elección federal en curso, Estados Unidos no tendrá otra opción que solicitar medidas de emergencia”, señala el documento citado por AP.
Una comunicación similar fue enviada a la oficina del registrador del condado de Los Ángeles. Hasta el momento referido en el reporte, ni la oficina de Shirley Weber ni la del registrador del condado habían respondido a las solicitudes de comentarios sobre la advertencia federal.
Gobierno federal mantiene revisión de registros
La administración del presidente Donald Trump ha colocado entre sus prioridades la búsqueda de posibles votantes no ciudadanos. Sin embargo, el material señala que este tipo de irregularidades es excepcionalmente raro dentro del sistema electoral estadounidense.
En lo que va del año, el Departamento de Justicia ha acusado a alrededor de 90 personas por diferentes tipos de irregularidades electorales. De ese total, 50 enfrentan señalamientos por presuntamente haber votado sin contar con la ciudadanía estadounidense.
Como referencia sobre la dimensión del padrón electoral, durante las elecciones presidenciales de 2024 había aproximadamente 227 millones de votantes registrados en Estados Unidos. Las cifras muestran la diferencia entre el total de registros y los casos que han derivado en acusaciones federales.
California ya había cuestionado datos federales
La disputa ocurre después de que Markwayne Mullin enviara en julio cartas a California, Nevada, Nueva Jersey y Pensilvania. En esas comunicaciones se afirmaba que hasta 250 mil personas no ciudadanas podían estar registradas para votar en esos cuatro estados.
Funcionarios electorales de las entidades señaladas expresaron dudas sobre esa afirmación. Weber cuestionó específicamente la confiabilidad de los datos, al señalar que su oficina no había compartido la lista estatal de votantes registrados con el Departamento de Seguridad Nacional ni con otra agencia o funcionario federal.
“Tengo serias dudas sobre la fiabilidad de sus datos y la exactitud de sus afirmaciones”, respondió entonces la secretaria de Estado de California, de acuerdo con el reporte. La funcionaria sostuvo que la falta de acceso federal a la lista estatal generaba dudas sobre el origen y la precisión de los señalamientos.
La nueva carta eleva la presión sobre las autoridades estatales y del condado de Los Ángeles, pero no confirma por sí misma que todas las personas incluidas en la lista sean no ciudadanas o que hayan votado. El requerimiento federal se concentra en verificar los registros, separar temporalmente determinadas boletas y definir si existen elementos para iniciar una acción judicial.



