Guadalajara, Jalisco.— Samuel Morales Navarro, un repartidor de 24 años que trabaja para la plataforma Rappi, denunció que fue derribado de su motocicleta, golpeado y detenido por elementos antimotines durante la protesta por la calidad del agua realizada en Guadalajara.
De acuerdo con el testimonio del joven y con grabaciones mencionadas en el reporte original, Samuel no participaba en la manifestación y solamente transitaba por el sector para entregar un pedido. Sin embargo, policías lo interceptaron cuando se encontraba en el cruce de Manuel Acuña y Rubén Darío, a más de una cuadra de Casa Jalisco.
El repartidor relató que los agentes lo tiraron de la motocicleta y posteriormente lo arrestaron. También afirmó que el vehículo, considerado una herramienta indispensable para obtener ingresos y sostener a su familia, no le había sido devuelto.
“A mí me tumbaron en mi motocicleta en una cuadra después de Casa Jalisco. Yo ya ni siquiera estaba cerca”, declaró Samuel.
Denuncia pérdida de su herramienta de trabajo
Además de señalar el uso de la fuerza durante su detención, el joven manifestó que desconoce el paradero de su motocicleta. El vehículo era utilizado para realizar entregas mediante la plataforma digital y representaba su principal herramienta de trabajo.
“Me quitaron mi herramienta de trabajo y no sé nada de ella, mi motocicleta”, detalló.
El material disponible no precisa si la unidad fue asegurada formalmente por alguna corporación, trasladada a un depósito o entregada a otra autoridad. Tampoco se informa sobre la respuesta institucional a la solicitud de recuperación del vehículo.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció que durante la actuación policial se hizo un uso excesivo de la fuerza, según el reporte. Aunque varias de las personas detenidas fueron liberadas, Samuel permanecía entre cuatro casos cuya situación jurídica todavía estaba pendiente de resolución.
Señala golpes y amenazas después de la detención
Samuel también denunció que, después del sometimiento inicial, él y otras personas fueron llevados a un cuarto ubicado dentro de la sede del Ejecutivo estatal. Según su relato, en ese lugar habrían recibido golpes, insultos y amenazas de muerte para evitar que denunciaran los presuntos abusos.
Estas acusaciones corresponden al testimonio del repartidor y deberán ser investigadas por las autoridades competentes. El material proporcionado no incluye información sobre la apertura de una carpeta de investigación por las agresiones denunciadas ni una postura específica de la corporación policial respecto a esos señalamientos.
En redes sociales también circularon versiones que atribuyen al repartidor participación en agresiones contra policías. No obstante, el reporte sostiene que las grabaciones recabadas lo muestran transitando por la zona y sin intervenir en la protesta. La información disponible no permite establecer de manera independiente la secuencia completa de los acontecimientos.
Esperará resolución sobre su situación jurídica
Al hablar sobre el desarrollo de la manifestación, Samuel señaló que, desde lo que pudo observar, la movilización comenzó de manera pacífica. Afirmó que los enfrentamientos se produjeron después de la intervención de los cuerpos policiales.
El joven logró salir del juzgado acompañado de su madre, quien manifestó preocupación por el proceso que enfrenta. La defensa informó que la siguiente audiencia fue programada para el viernes, aunque el reporte no especifica la fecha.
En esa diligencia se determinará si Samuel será vinculado a proceso. Hasta que una autoridad judicial emita una resolución, el repartidor conserva la presunción de inocencia frente a cualquier acusación derivada de los hechos registrados durante la marcha por la calidad del agua en Guadalajara.
