GUADALAJARA, Jalisco.- El conflicto por la calidad del agua suministrada en la capital jalisciense escaló al ámbito político después de que Morena exigiera la salida del gobernador Pablo Lemus y de su secretario de Seguridad Pública, Pablo Hernández González, por la actuación de los cuerpos policiales durante una protesta ciudadana.
El material difundido atribuye el posicionamiento a Ariadna Montiel, a quien identifica como presidenta nacional del partido guinda. Durante una conferencia de prensa, la morenista sostuvo que el mandatario estatal debe atender las demandas de la población, garantizar el acceso al agua en condiciones adecuadas y explicar la respuesta de las autoridades ante quienes participaron en la movilización.
“De una vez le decimos: si no puede, que renuncie. Si no puede resolver los problemas de la gente, que renuncie y, si no, que se ponga a trabajar”, declaró Montiel, de acuerdo con el reporte.
Denuncian posibles abusos durante el operativo
La representante de Morena también solicitó la salida de Pablo Hernández González, titular de Seguridad Pública de Jalisco, al señalar a los cuerpos policiales por posibles abusos durante el operativo desplegado frente a la movilización. Entre los señalamientos mencionó presuntas detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y retenciones de manifestantes contra su voluntad dentro de Casa Jalisco.
Montiel pidió liberar a las personas que hayan sido detenidas injustamente, además de investigar lo sucedido y sancionar a quienes resulten responsables. Subrayó que entre los participantes había vecinos, adultos mayores, jóvenes y menores de edad, por lo que consideró indispensable esclarecer la forma en que actuaron los agentes.
Las acusaciones sobre detenciones arbitrarias y abusos policiales corresponden, hasta ahora, a señalamientos políticos que deberán ser revisados por las autoridades competentes. El material disponible no precisa cuántas personas fueron detenidas, cuántas permanecían bajo custodia ni si alguna autoridad ministerial ya inició una investigación formal.
Cuestionan traslado de manifestantes a Puente Grande
Otro de los puntos cuestionados fue el supuesto traslado de algunos manifestantes al complejo penitenciario de Puente Grande. Montiel consideró necesario determinar si esa medida fue proporcional a los hechos registrados durante la movilización y demandó que las autoridades expliquen las razones jurídicas de las detenciones.
La dirigente también acusó a Movimiento Ciudadano, partido al que pertenece Lemus, de intentar trasladar al Gobierno federal la responsabilidad por los problemas de abastecimiento y calidad del agua. Sostuvo que las administraciones estatales y municipales deben asumir la parte que les corresponde en la gestión del servicio.
Como parte de su postura, recordó que durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se destinaron apoyos federales para proyectos hidráulicos en Jalisco, incluida la presa El Zapotillo. También señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum ha ofrecido recursos federales para desarrollar obras destinadas a mejorar el abasto y la calidad del agua en la entidad.
Lemus afirma que hubo grupos de choque
Ante las críticas, Pablo Lemus presentó una versión distinta de los acontecimientos. El gobernador afirmó que la protesta fue infiltrada por grupos de choque integrados, según su cálculo, por aproximadamente 400 personas. Aseguró que algunos participantes tenían el rostro cubierto y portaban piedras, tubos, martillos y petardos.
El mandatario sostuvo que esos objetos fueron utilizados para agredir a mujeres policías y afirmó que la movilización dejó de ser pacífica para convertirse en un enfrentamiento. Sin embargo, también informó que ordenó revisar las grabaciones disponibles con el propósito de evaluar la actuación de los elementos de seguridad.
Lemus indicó que, si la revisión acredita excesos en el uso de la fuerza u otras irregularidades, se buscará sancionar a los responsables. No obstante, en la información proporcionada no se detallan los plazos de esa revisión ni la dependencia encargada de realizarla.
El caso mantiene abiertas dos discusiones: la atención a las demandas ciudadanas por un servicio básico en condiciones adecuadas y el comportamiento de los cuerpos de seguridad durante las manifestaciones. Las investigaciones y la revisión de los videos serán determinantes para establecer responsabilidades y aclarar las versiones contrapuestas.
