GUADALAJARA, Jalisco.- Amnistía Internacional (AI) condenó los actos de represión registrados durante una protesta por el derecho al agua limpia en Guadalajara y exigió a las autoridades de Jalisco localizar de manera urgente y presentar con vida a todas las personas detenidas cuyo paradero permanece incierto.
Los hechos ocurrieron el 11 de octubre en las inmediaciones de Casa Jalisco, donde ciudadanos se manifestaron para exigir atención al desabasto de agua potable que, de acuerdo con la organización, afecta desde hace meses a habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara.
Durante la movilización, agentes policiales utilizaron gas lacrimógeno y agua a presión contra los participantes. La intervención dejó a varios manifestantes heridos, según la información difundida por el organismo internacional.
AI denuncia posibles violaciones a derechos humanos
Amnistía Internacional señaló que durante el operativo policial se habrían cometido violaciones a los derechos humanos. Entre los hechos denunciados mencionó el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y posibles desapariciones forzadas después de la aprehensión de manifestantes.
La organización hizo énfasis en la incertidumbre que persiste sobre la ubicación de algunas de las personas arrestadas. Por ese motivo, pidió a las autoridades estatales informar sobre su situación jurídica y garantizar su presentación con vida.
Las autoridades de seguridad de Jalisco informaron sobre la detención de 39 personas. Sin embargo, testimonios recabados por organizaciones de la sociedad civil y por personas que posteriormente fueron liberadas estiman que el número de arrestados habría superado los 50, de acuerdo con el comunicado de AI.
La diferencia entre las cifras oficiales y las estimaciones de los colectivos llevó a Amnistía Internacional a reclamar información clara y verificable sobre el total de personas detenidas, así como sobre los lugares donde permanecieron bajo custodia.
“La represión nunca debe ser una opción ante las personas que pacíficamente se reúnen a exigir sus derechos”, declaró Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional sección mexicana.
Olivares Ferreto sostuvo que el operativo vulneró las libertades de reunión y expresión. También instó al Poder Ejecutivo estatal y a las autoridades judiciales a realizar una investigación expedita y profesional sobre la actuación de las fuerzas de seguridad.
Piden investigar el operativo y revisar cargos
La representante de AI solicitó que la investigación permita determinar responsabilidades y, en caso de acreditarse abusos, aplicar las sanciones correspondientes a los agentes involucrados en los hechos violentos.
“La protesta es un derecho al que recurren las personas cuando otras alternativas de negociación a sus demandas no han sido escuchadas”, enfatizó Olivares Ferreto al referirse a las exigencias de la población por el suministro de agua potable.
Amnistía Internacional también alertó sobre la necesidad de revisar los cargos penales imputados a los manifestantes. El organismo pidió evitar la aplicación de figuras legales que puedan ser utilizadas para criminalizar, castigar o inhibir la protesta social.
La organización consideró indispensable que las autoridades garanticen los derechos de las personas detenidas, entre ellos el acceso a una defensa adecuada, información sobre las acusaciones en su contra y comunicación con familiares o representantes legales.
Solicitan retomar el diálogo por el agua
Además de pedir una investigación sobre el operativo, AI llamó al Gobierno de Jalisco y a los organismos responsables del suministro hídrico a restablecer de inmediato los canales de diálogo con la población afectada.
El organismo internacional planteó que las demandas comunitarias deben atenderse por medios institucionales y con respeto a los derechos de reunión, manifestación y libertad de expresión. Asimismo, insistió en que el uso de la fuerza no debe sustituir la negociación entre autoridades y habitantes.
La exigencia principal de Amnistía Internacional se concentra en esclarecer el número y la ubicación de las personas detenidas, investigar las denuncias de abusos cometidos durante la protesta y ofrecer una respuesta a las comunidades que reclaman acceso continuo a agua potable.
