Ciudad Juárez, Chihuahua.— Las familias de los 10 custodios asesinados durante el motín registrado en enero de 2023 en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Juárez continúan sin recibir una indemnización, de acuerdo con la diputada local de Morena, María Antonieta Pérez Reyes.
La legisladora informó que sostuvo una reunión con las viudas de los trabajadores penitenciarios como parte del acompañamiento legal que les ha brindado desde los hechos. Durante el encuentro, las familias reiteraron su inconformidad por la falta de una respuesta favorable a sus demandas de indemnización y reparación del daño.
Pérez Reyes señaló directamente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, dependencia a la que pertenecían los custodios, por no agilizar las solicitudes de las familias. Según la diputada, las viudas consideran que sus reclamos no fueron escuchados durante la gestión del exsecretario Gilberto Loya Chávez.
Familias mantienen sus demandas
La diputada afirmó que, en lugar de alcanzar un acuerdo con las familias, las demandas relacionadas con la indemnización y el daño moral fueron llevadas a litigio. La información proporcionada no precisa en qué etapa se encuentran esos procedimientos ni si existe una fecha estimada para su resolución.
“No hemos conseguido todavía que la Secretaría de Seguridad Pública, responsable de los custodios para los que ellos trabajaban, se sensibilice con el tema y agilice la demanda justa de las 10 familias para que les indemnicen por el asesinato dentro del Cereso, debido a faltas de capacitación de seguridad de los mismos custodios”, declaró Pérez Reyes.
La afirmación sobre las condiciones de capacitación y seguridad corresponde a la postura expresada por la legisladora. En el material disponible no se incluye una respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado respecto de esos señalamientos ni sobre la situación actual de las solicitudes de indemnización.
Durante su posicionamiento, Pérez Reyes también criticó la actuación de Gilberto Loya Chávez cuando estuvo al frente de la dependencia estatal. Las familias, según explicó, esperaban ser atendidas de manera directa y obtener una solución que reconociera las consecuencias económicas y personales ocasionadas por la muerte de los custodios.
Continuará el acompañamiento jurídico
La legisladora y su equipo jurídico se comprometieron a mantener el apoyo a las viudas durante los procedimientos correspondientes. El objetivo, indicó, es conseguir la reparación del daño para las 10 familias que perdieron a su principal sustento económico después de los hechos ocurridos en el penal juarense.
El reclamo se concentra en la indemnización por la muerte de los trabajadores dentro del centro penitenciario y en el daño moral señalado por sus familiares. Sin embargo, no fueron dados a conocer los montos solicitados, los expedientes promovidos por cada familia ni los plazos previstos para que las autoridades o instancias judiciales emitan una determinación.
“No cabe duda que la reparación del daño de víctimas en Chihuahua es un tema de los más olvidados y de los que menos prioridad tienen para este gobierno”, sostuvo la diputada al cuestionar el tratamiento que, desde su perspectiva, han recibido las viudas.
El motín de enero de 2023 dejó a las familias de los custodios ante la pérdida de sus seres queridos y sin el ingreso económico que estos aportaban. Más de dos años después de aquellos acontecimientos, las viudas mantienen su exigencia de una indemnización y esperan una respuesta de las autoridades estatales.
Por ahora, Pérez Reyes aseguró que continuará con las gestiones y el acompañamiento jurídico. La información compartida no establece cuándo podría resolverse la demanda ni si existe una nueva mesa de diálogo entre las familias y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
