
WASHINGTON, Estados Unidos.— La administración del presidente Donald Trump impuso este viernes nuevas sanciones económicas contra el Tribunal Penal Internacional (TPI), horas después de que la exjueza de esa institución Navi Pillay fuera reconocida con el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en favor del derecho internacional.
Las medidas restringen el acceso del tribunal, con sede en La Haya, al sistema financiero estadounidense. También pueden afectar a empresas, instituciones y particulares que colaboren con la corte, encargada de investigar delitos como genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión armada.
El TPI respondió mediante un comunicado en el que aseguró que las sanciones no impedirán que continúe con sus actividades. La institución consideró que la decisión estadounidense representa un intento por obstaculizar el curso de la justicia y evitar que cumpla la función para la cual fue creada.
“Se trata de un intento de obstruir el curso de la justicia e impedir que la corte cumpla la función para la que fue creada”, señaló el tribunal. También describió las restricciones como un ataque contra el Estado de derecho y contra el principio de que ninguna persona está por encima de la ley.
Washington busca limitar las operaciones del TPI
El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la medida y afirmó que el presidente Trump no permitirá que el Tribunal Penal Internacional procese a ciudadanos estadounidenses. El Departamento de Estado indicó que prohibirá transacciones con la corte para reducir sus recursos y limitar su capacidad operativa.
Estados Unidos no forma parte del TPI, integrado por 125 Estados. Washington ha rechazado en distintas ocasiones la jurisdicción del organismo sobre sus ciudadanos y previamente había impuesto sanciones contra 13 jueces y fiscales vinculados con la institución.
Rubio sostuvo que Estados Unidos no quiere que una corte internacional investigue a militares, agentes de la Patrulla Fronteriza o funcionarios electos del país. También pidió a los aliados estadounidenses que frenen las actuaciones del tribunal y advirtió que las medidas podrían continuar si la institución no modifica su postura.
Las nuevas sanciones fueron anunciadas en medio de las tensiones provocadas por las órdenes de detención emitidas por el TPI contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, relacionadas con presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad durante la ofensiva en Gaza.
Netanyahu respaldó la decisión de Washington y afirmó en la red social X que el TPI actúa como un organismo político. El gobierno israelí también ha rechazado la jurisdicción y las acusaciones formuladas por la corte.
El TPI y la Unión Europea rechazan las sanciones
La Unión Europea calificó la decisión estadounidense como “profundamente lamentable” y aseguró que trabajará con el Tribunal Penal Internacional para garantizar que pueda continuar operando. El bloque europeo señaló que todavía podría existir margen para el diálogo, debido a que las restricciones tardarán seis meses en entrar en vigor.
La presidenta del TPI, Tomoko Akane, quien también ha sido sancionada por Estados Unidos, sostuvo que la continuidad de la institución depende del respaldo de los países que la crearon mediante el Estatuto de Roma.
El tribunal recordó que ese acuerdo representa el compromiso de la comunidad internacional para evitar que los delitos más graves queden impunes. Además, advirtió que las restricciones podrían perjudicar los mecanismos de apoyo destinados a víctimas de atrocidades masivas.
Reconocimiento a Navi Pillay
El anuncio estadounidense se produjo horas después del reconocimiento a Navi Pillay, jurista sudafricana de 85 años que formó parte de la Sala de Apelaciones del TPI entre 2003 y 2008. A lo largo de su carrera también ha ocupado responsabilidades en diferentes instituciones internacionales de justicia y derechos humanos.
De acuerdo con el Comité Noruego del Nobel, el galardón reconoce sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional. El premio coincidió con una nueva etapa de confrontación entre Washington y el tribunal, que insistió en que mantendrá sus investigaciones pese a las restricciones.
En su posicionamiento, el TPI afirmó que “la historia juzgará este momento” y llamó a los Estados integrantes a defender la independencia de la corte y el sistema internacional creado para investigar los crímenes de mayor gravedad.



