MANTA, Ecuador.- Una jueza ecuatoriana declaró inocentes a 32 pescadores cuyos barcos fueron interceptados y posteriormente hundidos por fuerzas de Estados Unidos en aguas del Pacífico. Los tripulantes habían sido procesados por el presunto delito de asociación ilícita y señalados de tener vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico.
La resolución fue emitida el miércoles 7 de octubre en Manta y corresponde a los integrantes de las embarcaciones Conquista II y María Candelaria, intervenidas por fuerzas estadounidenses entre finales de agosto y septiembre.
Durante el proceso, la jueza concluyó que los elementos presentados no demostraron que los pescadores hubieran participado en un acto ilícito. El abogado Juan Alvia explicó que la Fiscalía no logró acreditar la existencia del delito atribuido a sus representados.
La sentencia fue dictada en primera instancia, por lo que aún puede ser apelada conforme a los procedimientos correspondientes.
Dos embarcaciones y 32 tripulantes
De los pescadores procesados, ocho formaban parte de la tripulación del Conquista II y otros 24 viajaban en el María Candelaria. Ambas embarcaciones fueron interceptadas por fuerzas estadounidenses y después destruidas, mientras que sus ocupantes fueron entregados a las autoridades de Ecuador.
El Comando Sur de Estados Unidos había señalado que los barcos presuntamente funcionaban como estaciones flotantes para abastecer de combustible a embarcaciones utilizadas en el transporte de droga. También los vinculó con Los Choneros, una organización criminal ecuatoriana.
Sin embargo, durante el juicio no se consiguió demostrar que los 32 tripulantes hubieran cometido algún delito o colaborado de manera individual con actividades de narcotráfico, de acuerdo con la resolución y los argumentos de la defensa.
El caso forma parte de una serie de operaciones efectuadas por fuerzas estadounidenses contra embarcaciones ecuatorianas en el Pacífico Oriental. El Comité Permanente en Defensa de los Derechos Humanos (CDH) ha documentado 11 barcos y 206 pescadores afectados, además de ocho personas desaparecidas de la embarcación Fiorella, cuyo paradero se desconoce desde enero.
Organizaciones cuestionan las operaciones
Las intervenciones en altamar han provocado cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos. Human Rights Watch pidió a los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos explicar la base legal de las operaciones y presentar las pruebas que relacionen de forma individual a cada pescador con los delitos atribuidos.
La organización indicó que, después de revisar documentos judiciales y policiales de varios expedientes, no encontró referencias a drogas, combustible, cargamentos u otros indicios que respaldaran algunas de las acusaciones contra los tripulantes.
Según la información examinada por Human Rights Watch, autoridades policiales y navales ecuatorianas reconocieron durante los procedimientos que las fuerzas estadounidenses no habían entregado evidencias de que los pescadores hubieran cometido un delito.
El abogado Juan Alvia también denunció públicamente haber recibido amenazas relacionadas con sus investigaciones y su intervención en los casos. El contexto se agravó con el asesinato, ocurrido en junio en Manta, de la fiscal Gloria Alexandra Bravo, quien investigaba la desaparición de pescadores y los ataques contra embarcaciones.
Otros 56 pescadores esperan una resolución
La sentencia sobre los tripulantes del Conquista II y María Candelaria es la primera resolución de tres procesos judiciales relacionados con 88 personas que viajaban en cinco embarcaciones destruidas por fuerzas estadounidenses. Otros 56 pescadores continúan a la espera de una decisión judicial en sus respectivos casos.
Human Rights Watch solicitó que Ecuador y Estados Unidos hagan pública la información utilizada para justificar las operaciones y las acusaciones. También pidió garantizar que cualquier intercepción o detención marítima se realice conforme a la ley y pueda ser revisada por una autoridad judicial.
El caso fue relacionado por el diario estadounidense The Washington Post con un presunto programa encubierto de la Agencia Central de Inteligencia dirigido contra embarcaciones sospechosas de tener vínculos con el narcotráfico. Esa referencia procede de una investigación periodística publicada el 13 de agosto y no constituye, por sí sola, una determinación judicial sobre los hechos.
