Estado de México.- Un exfuncionario de Michoacán, su esposa, sus dos hijos y un escolta fueron vinculados a proceso por su probable participación en una presunta red de extorsión y suplantación de servidores públicos, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Los imputados fueron identificados como Luis “N”, Liliana “N”, Luis Samuel “N”, Aimee de Guadalupe “N” y Agustín Arturo “N”. Los cinco fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya, donde permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
De acuerdo con la información disponible, un juez del Estado de México los vinculó a proceso el 6 de octubre por el delito de extorsión. La indagatoria se desarrolla como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión implementada por el Gobierno de México.
Así habría operado la presunta red
La Fiscalía mexiquense sostiene que el grupo habría construido durante varios años una red de contactos relacionada con funcionarios públicos, políticos y empresarios. Esa información presuntamente era utilizada para aproximarse a posibles víctimas y dar credibilidad a las comunicaciones.
El primer acercamiento podía realizarse mediante llamadas telefónicas o mensajes enviados desde números cuyos perfiles mostraban fotografías, nombres, logotipos o imágenes relacionadas con gobiernos y organizaciones políticas.
Los señalados presuntamente se presentaban como asistentes o secretarios particulares de funcionarios de alto nivel. Después informaban a la víctima que el supuesto servidor público establecería comunicación desde su teléfono personal.
Una vez generado el contacto, otra persona habría asumido la identidad del funcionario para solicitar dinero o algún tipo de apoyo. Las peticiones incluían recursos para una supuesta operación política, agilizar pagos, incorporar personas a estructuras administrativas o contratar servicios de determinadas empresas.
Investigan posible uso de inteligencia artificial
Uno de los elementos identificados por los investigadores fue el presunto uso de herramientas de inteligencia artificial para imitar las voces de actores políticos o económicos. El objetivo habría sido reforzar el engaño y hacer más creíble la identidad utilizada.
La investigación también menciona la elaboración de conversaciones ficticias mediante mensajes de texto y notas de voz atribuidas a funcionarios. De esa manera, una víctima podía recibir primero el mensaje de un supuesto asistente y posteriormente una llamada o audio aparentemente enviado por una figura pública.
Entre los casos documentados se encuentra el contacto con representantes de una empresa dedicada al desarrollo de tecnologías para emitir documentos de identidad de alta seguridad. Los presuntos responsables habrían ofrecido un contrato a cambio de una cantidad importante de dinero, según la indagatoria.
Localizan teléfonos y tarjetas SIM en Metepec
Las autoridades ubicaron el supuesto centro de operaciones en una residencia del fraccionamiento La Providencia, en Metepec. Durante un cateo fueron asegurados equipos telefónicos que presuntamente intentaron ocultar, tarjetas SIM de distintas compañías y vehículos de alta gama.
Las indagatorias señalan que el grupo habría utilizado al menos 19 teléfonos celulares, incluidos dispositivos de las marcas iPhone, Samsung Galaxy y Motorola. Algunos equipos y tarjetas SIM estarían relacionados con números reportados por víctimas.
La Fiscalía también investiga el destino de los recursos presuntamente obtenidos. Según la información difundida, el dinero debía entregarse en efectivo y, cuando era necesario incorporarlo al sistema financiero, supuestamente se utilizaba una empresa de arquitectura y construcción propiedad de Aimee “N”. Parte de los recursos habría sido destinada a inmuebles y vehículos de alta gama.
Antecedentes del exfuncionario
Luis “N” fue Tesorero General y secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Michoacán entre 2012 y 2013. Las autoridades indican que tenía antecedentes por peculado y había sido inhabilitado en esa entidad.
Su experiencia en la administración pública presuntamente le permitió conocer estructuras gubernamentales y mantener contactos que habrían sido aprovechados para generar confianza entre las personas contactadas.
La vinculación a proceso y la prisión preventiva no representan una sentencia condenatoria. Los cinco imputados deben ser considerados inocentes mientras no exista una resolución judicial definitiva. Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades y establecer si existen más víctimas.
La Fiscalía mexiquense recibe denuncias de posibles extorsiones en el teléfono 800 702 8770, mediante el correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx y en la aplicación FGJEdomex.
