Hermosillo, Sonora.- La directora del Hospital General del ISSSTE “Dr. Fernando Ocaranza”, Alba Priscila Sauceda López, fue multada por un juez federal tras determinarse el incumplimiento de una orden judicial relacionada con la atención de un derechohabiente que requiere una cirugía cardíaca especializada.
La sanción fue impuesta por Alonso Robles Cuétara, titular del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Sonora, dentro del juicio de amparo 1460/2026, promovido por José Luis Olea Ríos.
El paciente reclamó la falta de atención oportuna para someterse a un procedimiento de implante de válvula aórtica mediante la técnica TAVI/TAVR. Esta intervención debía realizarse en el Hospital “Dr. Manuel Cárdenas de la Vega”, ubicado en Culiacán, Sinaloa.
Juzgado solicitó garantizar traslado y atención
De acuerdo con las actuaciones judiciales referidas en el caso, el 14 de agosto el juez requirió a la directora del hospital informar sobre la aprobación y garantía de los recursos necesarios para trasladar al paciente desde Sonora hasta Culiacán.
La autoridad hospitalaria también debía asegurar la estancia y atención médica del derechohabiente en el hospital donde sería intervenido. Sin embargo, el tribunal determinó que las indicaciones no fueron atendidas en los términos establecidos.
En un acuerdo fechado el 20 de agosto, el juzgado señaló que existió un “claro incumplimiento” de la suspensión concedida en favor del paciente. Ante esa determinación y con fundamento en la Ley de Amparo, el juez impuso una multa a Sauceda López.
La información disponible no precisa el monto de la sanción económica aplicada a la directora del Hospital General “Dr. Fernando Ocaranza”.
Cirugía fue reprogramada
El juicio de amparo fue promovido el 10 de agosto ante la necesidad de que Olea Ríos recibiera atención especializada. Un día después, el tribunal concedió la suspensión provisional para que se realizaran las acciones necesarias destinadas a garantizar el procedimiento médico.
Posteriormente, el ISSSTE informó al juzgado que la cirugía había sido programada inicialmente para el 11 de septiembre. No obstante, el juez advirtió que las autoridades hospitalarias no acreditaron oportunamente la manera en que serían cubiertos los gastos relacionados con el traslado y la estancia del paciente.
Fue hasta el 2 de septiembre cuando el tribunal recibió información de que el ISSSTE se haría cargo del traslado por medio de una ambulancia. La intervención fue reprogramada para el 8 de octubre, por lo que el juzgado volvió a requerir a las autoridades hospitalarias precisar cómo serían cubiertos los gastos correspondientes.
El material disponible no confirma si la cirugía finalmente se realizó ni informa sobre la condición médica actual del derechohabiente.
Abogado destaca intervención judicial
Andrés Ortega, abogado que representa a derechohabientes que han recurrido al amparo para exigir atención médica, destacó la intervención del juez federal en este expediente.
“En los amparos de atención médica, el rol que adopta el juez federal es crucial”, señaló. A su consideración, una actuación diligente puede ser determinante para garantizar el cumplimiento de las medidas ordenadas en favor de un paciente.
Ortega reconoció la actuación del juez Alonso Robles Cuétara y consideró que el caso debe servir como referencia para otros derechohabientes que enfrentan dificultades para acceder a servicios médicos.
El abogado afirmó que existe una utilización creciente del juicio de amparo por parte de pacientes que buscan hacer efectivo su derecho a la salud. También indicó que continuará ofreciendo orientación gratuita a quienes pretendan recurrir a esta vía legal.
“Que sirva de ejemplo este caso; la salud es un derecho, no se negocia”, aseveró Ortega.
