CIUDAD DE MÉXICO.- Las empresas que realicen llamadas comerciales insistentes o envíen correos electrónicos y mensajes publicitarios sin autorización podrían enfrentar multas de hasta 2.3 millones de pesos, de acuerdo con una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor aprobada por el Senado de la República.
El dictamen recibió el respaldo unánime de 96 senadores y fue remitido a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo. Por ese motivo, las nuevas sanciones todavía no se encuentran vigentes y su aplicación dependerá de la aprobación de los diputados y de la posterior publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación.
La propuesta busca elevar el costo económico para los proveedores que recurran de manera reiterada a llamadas, mensajes o correos con fines publicitarios sin contar previamente con la autorización del consumidor.
Multas podrían superar los 2.3 millones de pesos
El esquema vigente contempla sanciones que pueden comenzar en 733.04 pesos, una cantidad que, según el diagnóstico presentado durante el proceso legislativo, no ha sido suficiente para inhibir las campañas comerciales invasivas.
Con las modificaciones planteadas, las multas irían de 56 mil 570 pesos a 2 millones 345 mil 728.71 pesos por infracción. El cambio se concentra en los artículos 18 Bis y 127 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
La nueva redacción prohibiría que los proveedores contacten de forma “reiterada y persistente” a las personas con propósitos mercadológicos o publicitarios cuando no exista una autorización explícita. La disposición abarcaría llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes comerciales.
Empresas responderían por campañas de terceros
Otro punto relevante del dictamen es la incorporación de la responsabilidad solidaria. Con esta figura, las marcas no podrían deslindarse de una campaña señalando que las llamadas fueron realizadas por una agencia externa, un centro de contacto o algún otro proveedor subcontratado.
En caso de aprobarse en sus términos, las compañías tendrían que reforzar la supervisión de sus bases de datos y de las empresas contratadas para promocionar productos o servicios. La responsabilidad alcanzaría tanto a quienes ordenen la campaña como a quienes lleven a cabo los contactos comerciales.
Las senadoras Mayuli Latifa Martínez Simón, del PAN, y María del Rocío Corona Nakamura, del PVEM, señalaron que la reforma pretende frenar la comercialización desmedida a través de terceros y evitar contactos publicitarios sin consentimiento previo, independientemente del canal utilizado.
Quejas por llamadas y mensajes no solicitados
El planteamiento legislativo refiere que México se encuentra entre los cinco países con mayor volumen de contactos no deseados. Los usuarios recibirían entre 20 y 25 llamadas publicitarias al mes, mientras que las quejas formales aumentaron 36 por ciento durante el último año, hasta superar las 45 mil denuncias.
Además de la molestia que provocan las comunicaciones constantes, los legisladores advirtieron que estas prácticas pueden afectar la confianza de los consumidores e incrementar su exposición a intentos de fraude, debido a que resulta más difícil distinguir entre una campaña comercial legítima y una llamada engañosa.
Registro contra el acoso comercial
El proyecto también contempla un Registro Público contra el Acoso Telefónico Comercial. De acuerdo con el dictamen, sería un padrón gratuito en el que los usuarios podrían inscribir números telefónicos y correos electrónicos para quedar fuera de las listas publicitarias.
Las empresas tendrían la obligación de consultar el registro antes de iniciar sus campañas. Contactar con fines comerciales a una persona inscrita podría constituir una infracción grave y dar lugar a las sanciones administradas por la Procuraduría Federal del Consumidor.
Si la reforma completa el proceso legislativo y entra en vigor, las áreas de ventas y mercadotecnia deberán privilegiar modelos basados en el consentimiento de los clientes, en lugar de llamadas en frío. Mientras la Cámara de Diputados no se pronuncie, las multas anunciadas permanecen como parte de una propuesta aprobada únicamente por el Senado.
