México.— Nueve días después de que el gobierno federal endureció las reglas para importar combustibles, la Secretaría de Energía (Sener) autorizó a Portacelis Gas and Oil el ingreso de hasta 52 millones 84 mil litros de diésel, aunque la compañía tenía apenas 52 días de haber sido constituida y no contaba con operaciones previas de comercio exterior.
El permiso fue concedido el 27 de septiembre de 2024, tres días antes de que concluyera el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). La autorización fue firmada por Eduardo Pérez Mejía, entonces responsable de los asuntos de la Dirección General de Petrolíferos de Sener.
Portacelis ha sido vinculada con Amílcar Olán Aparicio, empresario identificado como amigo y colaborador de Andrés y Gonzalo López Beltrán, hijos del exmandatario. Cuando recibió el permiso, la empresa era administrada y representada legalmente por Juan Carlos de la Cruz Murillo, contador y operador de confianza de Olán, según los documentos mercantiles revisados por MCCI.
Permiso pese a nuevas reglas
Las secretarías de Energía y Economía publicaron el 18 de septiembre de 2024 una modificación a las disposiciones para importar y exportar hidrocarburos y petrolíferos. El objetivo anunciado era combatir el denominado huachicol fiscal, práctica relacionada con la introducción de combustibles mediante declaraciones incorrectas para reducir o evadir el pago de impuestos.
Entre los nuevos requisitos se encontraba presentar los antecedentes de importación de, por lo menos, los dos años anteriores a la solicitud. También debían identificarse proveedores, transportistas, almacenistas, distribuidores y clientes, además de detallar las instalaciones y la logística utilizadas para recibir y movilizar el combustible.
Portacelis no podía acreditar dos años de actividad porque fue constituida el 6 de agosto de 2024 en Villahermosa, Tabasco. A pesar de ello, el permiso señaló que Sener había considerado las constancias del expediente y los “antecedentes de importación del solicitante”. Los registros consultados por MCCI indican que la empresa realizó sus primeras operaciones hasta febrero de 2025.
Vínculos empresariales bajo revisión
La compañía fue fundada por Miguel Ángel Aparicio Vicente y María Guadalupe León Aparicio. De la Cruz Murillo quedó registrado como administrador único y apoderado general. El contador había trabajado desde 2018 en negocios relacionados con Olán y apareció posteriormente en sociedades como Romedic, Poyago e Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis.
El 17 de octubre de 2024, los fundadores vendieron sus acciones y De la Cruz Murillo dejó formalmente la administración. No obstante, certificados fiscales emitidos hasta diciembre de ese año continuaron asociados con su CURP y con un correo electrónico correspondiente a Euroceramic, negocio de Olán en Villahermosa, señala la investigación.
El domicilio presentado para obtener el permiso se ubicaba en una comunidad rural cercana a Paraíso y a la refinería de Dos Bocas. Posteriormente, al comenzar sus importaciones, Portacelis declaró una oficina en Villahermosa. La empresa no contaba con infraestructura propia de almacenamiento, aunque las reglas permitían contratar servicios de terceros siempre que se acreditara la logística y trazabilidad.
SAT detectó una presunta diferencia
La primera importación registrada por la compañía ocurrió el 4 de febrero de 2025, cuando ingresaron 26 mil 119 litros por la aduana de Matamoros. Entre febrero y julio, Portacelis declaró haber introducido 13 millones 654 mil litros de diésel, incluidos 6.6 millones transportados en ferrotanques.
Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria habría identificado una diferencia entre el volumen declarado y el combustible presuntamente ingresado. En una declaratoria de perjuicio presentada ante la Fiscalía General de la República, la autoridad fiscal estimó una posible omisión de impuestos por 834 millones de pesos.
Según la estimación citada por MCCI, el monto correspondería a alrededor de 90 millones de litros, volumen 73 por ciento superior a los 52 millones autorizados por Sener para un año. Los señalamientos forman parte de procedimientos fiscales y posibles investigaciones, por lo que no constituyen por sí mismos una sentencia contra la compañía o sus representantes.
En el material revisado no se incluye una postura de Portacelis, Amílcar Olán, la Secretaría de Energía o el funcionario que firmó la autorización respecto de las inconsistencias señaladas.
