Estados Unidos.- El Departamento de Estado estadounidense ha revocado más de 250 mil visas desde el regreso de Donald Trump a la Presidencia, como parte de una estrategia de su administración para frenar la inmigración irregular y endurecer los controles de acceso al país.
De acuerdo con información difundida por la cadena estadounidense Fox News, las cancelaciones responden a distintas infracciones. Entre ellas se encuentran el incumplimiento de las condiciones bajo las cuales fueron otorgados los documentos, la comisión de delitos, el fraude, las amenazas a la seguridad nacional y la incitación a la violencia.
El reporte no ofrece un desglose completo por nacionalidad, categoría migratoria o ubicación de las personas afectadas. Tampoco precisa cuántas de las visas retiradas correspondían a permisos de turismo, negocios, estudios u otras modalidades de ingreso a Estados Unidos.
Visas relacionadas con “turismo de nacimientos”
Dentro del total de documentos revocados se encuentran 2 mil 300 visas vinculadas con el denominado “turismo de nacimientos”. Este término se utiliza para describir los casos en los que mujeres extranjeras embarazadas viajan a Estados Unidos con el propósito de que sus hijos nazcan en ese país y obtengan la ciudadanía estadounidense.
Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, afirmó que la cifra alcanzada representa un resultado histórico para la actual administración y vinculó las cancelaciones con la política de seguridad impulsada por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio.
“Bajo el mandato del presidente Trump y del secretario Marco Rubio, el Departamento de Estado ha revocado más de 250,000 visas, un hito histórico que refleja nuestro compromiso inquebrantable de proteger al pueblo estadounidense”, declaró Pigott a Fox News.
El funcionario también sostuvo que contar con una visa estadounidense es “un privilegio, no un derecho” y advirtió que el documento puede perderse cuando una persona incumple las condiciones establecidas para su utilización. Agregó que cada determinación de este tipo es considerada por las autoridades como una decisión de seguridad nacional.
Funcionarios latinoamericanos entre los afectados
Como parte de la misma estrategia, el Gobierno de Estados Unidos revocó las visas de 27 funcionarios y exfuncionarios latinoamericanos, además de las correspondientes a algunos de sus familiares. Las personas señaladas proceden de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, según la información disponible.
Las medidas contra este grupo fueron adoptadas por acusaciones de corrupción. Sin embargo, el material difundido no identifica a las personas afectadas ni detalla los expedientes o señalamientos específicos que motivaron las cancelaciones.
La revocación de estas visas se suma a otras acciones de la administración de Trump relacionadas con la revisión de permisos migratorios. Durante el verano, el Gobierno estadounidense también comenzó a preparar la posible cancelación de hasta 200 mil visas de negocios y turismo otorgadas a ciudadanos extranjeros que posteriormente solicitaron asilo.
Según el reporte, las autoridades consideran que parte de esas solicitudes podrían ser fraudulentas y que han contribuido a la saturación del sistema. El material original sitúa los documentos bajo revisión entre 2016 y 2026, aunque no aporta mayores precisiones sobre ese periodo ni confirma cuántas cancelaciones ya fueron ejecutadas.
Revisión y cancelación no son la misma medida
La cifra de más de 250 mil corresponde a visas que, según el Departamento de Estado, ya fueron revocadas. En cambio, el grupo de hasta 200 mil permisos de negocios y turismo se encontraba en una fase de preparación o revisión para una eventual cancelación, por lo que ambas cantidades no deben interpretarse como un solo total confirmado.
El endurecimiento de los controles migratorios ha sido uno de los ejes del nuevo periodo presidencial de Trump. En este caso, las autoridades estadounidenses presentan la revocación de visas como una herramienta para hacer cumplir las condiciones de entrada y permanencia, así como para responder a posibles riesgos de seguridad, fraude o corrupción.
