CIUDAD DE MÉXICO.- Dos agencias de seguridad de Estados Unidos revisan señalamientos contra Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por presuntos vínculos con el crimen organizado y el contrabando de combustible, de acuerdo con una investigación publicada por The New York Times.
El reporte, sustentado en los testimonios de cinco personas con conocimiento directo de las indagatorias, aclara que las autoridades estadounidenses no han abierto hasta ahora una investigación formal contra López Beltrán. Por lo tanto, la revisión de las acusaciones no equivale a una imputación penal ni significa que existan cargos en su contra.
López Beltrán, quien participa en la dirigencia nacional de Morena, ha rechazado públicamente las versiones que lo relacionan con actividades ilícitas y ha sostenido que no existen pruebas de conductas delictivas de su parte.
Habría buscado contacto con funcionarios estadounidenses
Uno de los elementos incluidos en el reporte es que Andy López Beltrán habría intentado establecer comunicación con funcionarios de Estados Unidos mediante intermediarios durante este año.
Según la publicación, los acercamientos no derivaron en conversaciones ni reuniones formales entre el hijo del exmandatario mexicano y representantes del gobierno estadounidense. El diario tampoco informó que ese intento de contacto estuviera relacionado directamente con un procedimiento penal.
La información aparece después de que López Beltrán confirmó en agosto que Estados Unidos había revocado su visa, situación que le impedía ingresar a ese país. Washington no dio a conocer públicamente los motivos específicos de la decisión.
Revocación de la visa, antecedente del reporte
Al pronunciarse sobre la cancelación de su visa, López Beltrán sostuvo que la medida había sido tomada por funcionarios del Departamento de Estado y cuestionó sus razones. También aseguró que las autoridades estadounidenses no le habían presentado pruebas que lo vincularan con algún delito.
La Embajada de Estados Unidos señaló entonces, de manera general, que las visas pueden ser canceladas cuando existen razones para hacerlo, pero mantuvo la confidencialidad sobre el caso particular.
El reporte del diario estadounidense incorpora un nuevo elemento al contexto de esa decisión migratoria, aunque no establece que la revocación haya sido consecuencia de una investigación penal formal. Ambos asuntos no pueden considerarse relacionados de manera concluyente con la información disponible.
Señalamientos sobre el llamado “huachicol fiscal”
Las acusaciones examinadas por las agencias estadounidenses incluyen presuntas relaciones con esquemas de contrabando de combustible, actividad conocida en México como “huachicol fiscal”. El término se utiliza para describir operaciones de introducción, distribución o comercialización irregular de hidrocarburos mediante mecanismos destinados a evadir impuestos.
El comercio ilícito de combustibles ha adquirido relevancia para autoridades de México y Estados Unidos por la posible participación de redes criminales y empresariales. Sin embargo, en el caso de López Beltrán, lo reportado hasta ahora se limita a una revisión de señalamientos y no a una acusación presentada ante un tribunal.
La diferencia resulta fundamental: una revisión preliminar permite valorar información recibida, mientras que una investigación formal o una imputación requiere actuaciones adicionales de las autoridades. El reporte no señala que ese segundo paso se haya producido.
Empresarios cercanos aparecen en reportes previos
La información también surge en un contexto marcado por publicaciones periodísticas sobre las relaciones empresariales de personas consideradas cercanas a los hijos del expresidente López Obrador.
Entre los nombres mencionados en reportes anteriores se encuentra el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, quien ha sido relacionado públicamente con el círculo de los hijos del exmandatario. Otras publicaciones lo han vinculado con acusaciones sobre contrabando de combustible y posibles nexos con organizaciones delictivas.
Estas versiones periodísticas deben diferenciarse de una resolución judicial o de la presentación de cargos que acrediten responsabilidad penal. La información proporcionada no refiere una sentencia en contra del empresario por esos señalamientos.
Por ahora, el escenario descrito por The New York Times es el de dos agencias estadounidenses que examinan acusaciones contra López Beltrán. No se ha informado de una investigación formal, una causa penal o cargos criminales, mientras que el político mexicano mantiene su rechazo a los señalamientos.
