Santa Cruz, Bolivia. Roger Mariaca, fiscal general de Bolivia, habría sido detenido y acusado por el Gobierno de ese país de encabezar una organización instalada en el Ministerio Público para presuntamente proteger y favorecer a grupos vinculados con el narcotráfico.
El material proporcionado ubica la aprehensión durante la noche del 30 de septiembre de 2026, en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz. Debido a que la versión sitúa los acontecimientos en esa fecha y no incluye documentos oficiales que puedan ser consultados, los señalamientos, las detenciones y las cantidades mencionadas requieren verificación independiente.
Según el relato, Mariaca fue interceptado cuando presuntamente intentaba salir de Bolivia. En el operativo habrían participado fuerzas policiales nacionales, con información atribuida a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, conocida como DEA.
Acusan a Mariaca de encabezar una red interna
La principal acusación sostiene que el fiscal general habría dirigido una organización criminal desde el propio Ministerio Público. Su supuesta función era obstaculizar investigaciones, facilitar que personas relacionadas con el narcotráfico evadieran la justicia y brindar protección a organizaciones criminales internacionales con operaciones en territorio boliviano.
Estas acusaciones fueron atribuidas en el material al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. Sin embargo, la información entregada no incluye resoluciones judiciales, expedientes o comunicados oficiales que permitan establecer el alcance concreto de la investigación o confirmar la situación procesal de los implicados.
La versión también relaciona el caso con la gestión anterior de Mariaca como fiscal departamental de Santa Cruz. En ese periodo fue cuestionado por su presunta falta de actuación ante la fuga del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, ocurrida en 2023. Esta referencia forma parte de los antecedentes señalados, pero no constituye por sí misma una prueba de los nuevos cargos.
Reportan 14 personas aprehendidas
En total, 14 personas habrían sido detenidas durante el despliegue, entre ellas varios funcionarios del Ministerio Público. El material identifica al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, como uno de los aprehendidos.
Las autoridades también habrían ejecutado allanamientos simultáneos e incautado documentos y dispositivos electrónicos para su posterior análisis. Además, se reportó el aseguramiento de 3.53 millones de bolivianos y 10 mil dólares en efectivo, supuestamente transportados en una ambulancia desde el domicilio de Mariaca.
La procedencia del dinero y su posible relación con los delitos investigados tendrían que ser determinadas por las autoridades judiciales. La mera incautación de efectivo no establece, por sí sola, responsabilidad penal.
Señalan participación de autoridades estadounidenses
De acuerdo con la narración original, el operativo ocurrió 48 horas después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos revocara la visa de Mariaca y lo incluyera en una lista de funcionarios sancionados por presuntos vínculos con el narcotráfico y actos de corrupción.
El documento también atribuye al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, un respaldo a las acciones del Gobierno boliviano, además de señalar que la cooperación con la DEA fue relevante para reunir información. Estos puntos necesitan confirmación mediante pronunciamientos oficiales de las instituciones mencionadas.
Defensa pide respeto al debido proceso
Romel Ipamo, identificado como abogado de Mariaca, habría solicitado que se respete el debido proceso y manifestó la disposición de su representado para colaborar con las investigaciones. El Ministerio Público, por su parte, inicialmente habría calificado la captura como un “secuestro”, aunque después reconoció la necesidad de esclarecer las acusaciones, según la versión entregada.
El proceso se encontraría en una etapa inicial. Corresponderá a las autoridades presentar cargos, sustentar las acusaciones con pruebas y determinar la situación legal de cada persona detenida. Hasta que exista una resolución judicial, debe prevalecer la presunción de inocencia.
Por las inconsistencias temporales y la ausencia de documentación verificable en el material original, este borrador presenta los hechos como señalamientos y no como acontecimientos plenamente confirmados.
