
Uruapan, Michoacán.— La investigación por el asesinato de Carlos Manzo tomó una nueva dirección después de que un antiguo integrante de su equipo de seguridad fuera identificado como probable participante en el atentado contra el exalcalde de Uruapan.
El agente investigado es Alejandro F., conocido como “El Macas”, un policía preventivo que habría trabajado durante aproximadamente seis meses como escolta del entonces presidente municipal. La información disponible señala que las autoridades analizan su posible intervención directa en el crimen ocurrido en Michoacán hace más de diez meses.
De acuerdo con información atribuida a fuentes consultadas por Milenio, el señalamiento adquirió relevancia por la cercanía que el policía mantuvo con Manzo y por el conocimiento que presuntamente tenía sobre las amenazas recibidas por el funcionario antes del ataque.
¿Quién es “El Macas”?
Alejandro F. era considerado una persona de confianza dentro del círculo de seguridad del exalcalde. Debido a sus funciones como escolta, habría conocido las advertencias que Manzo recibió después de la detención de René Belmonte, alias “El Rhino”, identificado como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Según información expuesta durante las audiencias del caso, Carlos Manzo habría comunicado a su escolta que enfrentaba amenazas relacionadas con ese contexto. Ahora, los investigadores buscan establecer si el agente tuvo alguna relación con la planeación o ejecución del atentado que terminó con la vida del político.
Otra de las líneas de investigación se concentra en los vínculos familiares atribuidos a “El Macas” con personas señaladas dentro de la estructura criminal que las autoridades intentan esclarecer.
Investigan posibles vínculos familiares
Las pesquisas incluyen la relación familiar de Alejandro F. con Cristian Martín M. y Alexis Jesús M., conocidos respectivamente como “El Vikingo” y “El Brilloso”. El primero ha sido relacionado con investigaciones por delincuencia organizada, mientras que el segundo ha sido señalado como presunto informante de una célula encabezada por un hombre identificado como “El Licenciado”.
La información disponible también identifica a Alejandro F. como hijo de Rosa Alejandra Vargas Rauda, quien ocupa la Secretaría de Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan. Las autoridades revisan estos antecedentes para determinar si pudo existir una infiltración de grupos criminales en el entorno de seguridad del exalcalde.
Por ahora, la existencia de relaciones familiares no acredita por sí misma una responsabilidad penal. Corresponderá a las autoridades presentar y sostener las pruebas sobre la posible participación individual de cada persona investigada.
Trasladan a tres hombres al Altiplano
Como parte del desarrollo del caso, Alejandro F., Cristian Martín M. y Alexis Jesús M. fueron trasladados al Centro Federal de Reinserción Social Número 1, conocido como El Altiplano, ubicado en el Estado de México.
Antes del traslado, los tres se encontraban recluidos en distintos centros penitenciarios de Michoacán. “El Vikingo” permanecía en el penal de Uruapan, mientras que “El Brilloso” y Alejandro estaban internados en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto, localizado en el municipio de Charo.
El operativo se realizó por vía terrestre y bajo la custodia de personal de Seguridad Penitenciaria de Protección Federal. El movimiento forma parte del seguimiento a investigaciones relacionadas con delincuencia organizada y con el ataque contra Manzo.
Investigación continúa abierta
Las autoridades buscan determinar qué papel habría desempeñado cada uno de los involucrados y si existió una conexión entre integrantes del entorno cercano del exalcalde y la estructura criminal investigada.
La posible intervención de una persona que formó parte de su equipo de seguridad representa una de las líneas centrales del caso, pero deberá ser acreditada mediante los elementos incorporados al proceso. Los señalamientos contra “El Macas” corresponden a una investigación en curso y no equivalen a una sentencia.
Las indagatorias permanecen abiertas mientras se reúnen pruebas para establecer responsabilidades individuales y reconstruir la forma en que habría sido organizado el atentado contra el exalcalde de Uruapan.



