México.— Jesús Manuel “N”, alias “El Bebo”, señalado como presunto operador financiero de la facción “Los Metros” del Cártel del Golfo, fue detenido durante un operativo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), de acuerdo con la información contenida en el reporte del caso.
La intervención, ubicada por el material original entre el 24 y el 25 de septiembre de 2026, tuvo como objetivo desarticular una presunta red de huachicol fiscal con operaciones en Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua. Las fechas consignadas deberán corroborarse con los comunicados oficiales correspondientes antes de la publicación definitiva.
Según el reporte, “El Bebo” presuntamente coordinaba el ingreso irregular de hidrocarburos procedentes del extranjero, mediante operaciones que habrían evitado el pago de impuestos y el cumplimiento de permisos federales. También se le identifica como supuesto colaborador de César “N”, alias “El Primito”.
Operativo en tres estados
Las autoridades habrían ejecutado 19 órdenes técnicas de investigación en los tres estados. Como resultado del despliegue se reportó el aseguramiento de 500 mil litros de combustible, 13 inmuebles, 84 tractocamiones, 107 remolques tipo cisterna y 50 vehículos.
En el inventario también aparecen 49 camiones recolectores de basura, dos aeronaves, 11 bombas despachadoras, 1.3 kilogramos de metanfetamina y 219 cartuchos. Los bienes quedaron bajo resguardo mientras continúan las investigaciones para determinar su procedencia y posible relación con actividades ilícitas.
El reporte atribuye a la red investigada la introducción irregular de 18 millones de litros de hidrocarburos durante 2025, con una presunta evasión fiscal superior a 166 millones de pesos. Estas cifras, al igual que las responsabilidades individuales, tendrán que ser acreditadas durante el proceso judicial.
¿Qué es el huachicol fiscal?
El huachicol fiscal se refiere al ingreso o comercialización irregular de combustibles mediante la evasión de impuestos, permisos y controles administrativos. A diferencia de la extracción ilegal en ductos, esta modalidad puede involucrar empresas, documentación falsa y operaciones de importación que presentan el producto bajo conceptos distintos.
Las autoridades federales han identificado esta actividad como una fuente de recursos para organizaciones criminales. Además de afectar la recaudación pública, el contrabando de hidrocarburos genera competencia desleal para las empresas que cumplen con las obligaciones fiscales y regulatorias.
Ruffo Appel seguiría su proceso desde casa
La detención de “El Bebo” ocurrió, según la cronología proporcionada, horas antes de que el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel abandonara el penal federal de máxima seguridad del Altiplano para continuar su proceso bajo prisión domiciliaria en Ensenada.
El material señala que la modificación de la medida cautelar ocurrió el 26 de septiembre de 2026 y fue determinada por razones relacionadas con la edad del exmandatario, de 74 años, y su estado de salud. La prisión domiciliaria no equivale a una absolución ni representa la conclusión del procedimiento penal.
De acuerdo con la misma información, Ruffo Appel enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y contrabando fiscal relacionadas con la empresa Ingemar y la presunta introducción ilegal de hidrocarburos. Entre las restricciones mencionadas se encuentran videollamadas diarias con las autoridades, la prohibición de trabajar y la entrega de documentos de viaje.
Durante el traslado terrestre hacia Baja California, Amado Avendaño, dirigente del partido Somos y persona cercana al exgobernador, manifestó públicamente que desconocían su ubicación y que no habían recibido respuesta de la Guardia Nacional. El reporte no precisa cuándo se restableció la comunicación ni ofrece información posterior sobre el recorrido.
Investigaciones continúan abiertas
Los casos de “El Bebo” y Ruffo Appel corresponden a procedimientos distintos, aunque ambos son presentados dentro del contexto de investigaciones por presunto huachicol fiscal. No debe asumirse una relación jurídica directa entre los implicados sin una determinación oficial.
Las investigaciones permanecen abiertas y corresponderá a los jueces establecer la situación legal de cada persona. En ambos casos prevalece el principio de presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
