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Desarman fuerzas federales y estatales a la Policía Municipal de Juchitán tras la captura del alcalde

Autoridades aseguraron la Comisaría de Seguridad Pública, retiraron 55 armas y asumieron el control del C2; la Fiscalía de Oaxaca investiga a elementos municipales por posible obstrucción de la justicia.

Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.— Autoridades estatales y federales aseguraron la Comisaría de Seguridad Pública Municipal de Juchitán, desarmaron a sus agentes y tomaron el control del Centro de Comando y Control (C2), luego de la detención del alcalde Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu”.

La intervención fue realizada el viernes 25 de septiembre por elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, de acuerdo con la información difundida por las autoridades oaxaqueñas.

Durante el operativo fueron retiradas 28 armas largas, 27 armas cortas y dos mil 29 cartuchos útiles de distintos calibres. El armamento fue trasladado al Depósito General de Armamento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, ubicado en el Cuartel General de la Policía Estatal, en Santa María Coyotepec.

La dependencia explicó que la medida tiene carácter preventivo y busca mantener un control estricto del equipo táctico. También señaló que no existen, por el momento, las condiciones jurídicas necesarias dentro del Ayuntamiento de Juchitán para conservar bajo resguardo municipal las armas y municiones.

Investigan actuación de policías municipales

La acción ocurrió después de que policías municipales presuntamente participaran en bloqueos carreteros con la intención de impedir el traslado del alcalde a la Ciudad de México. La Fiscalía de Oaxaca investiga a los agentes por una posible obstrucción de la justicia y por señalamientos sobre supuestos vínculos con el crimen organizado.

Las autoridades no han detallado cuántos elementos municipales se encuentran bajo investigación ni han informado sobre nuevas detenciones relacionadas con los bloqueos. Los señalamientos contra los policías deberán ser determinados por las investigaciones y los procedimientos judiciales correspondientes.

Miguel Sánchez Altamirano fue detenido el 23 de septiembre por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada y por presuntos vínculos con “Los Cromos”, grupo señalado como una célula relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación en la región del Istmo de Tehuantepec.

Después de su captura, el alcalde fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 1 “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Hasta ahora, las acusaciones en su contra permanecen sujetas al proceso penal y a la resolución de las autoridades judiciales.

La toma de las instalaciones municipales también se produjo después de la aprehensión de John Kenny “N”, excomisionado de Seguridad Pública de Juchitán. Es investigado por presuntamente haber brindado protección institucional a integrantes de “Los Cromos”.

Gobernador pide desaparecer el Ayuntamiento

Ante la situación, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, solicitó formalmente al Congreso estatal que declare la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza. La petición permitiría al Poder Ejecutivo nombrar a una persona encargada temporalmente de la administración municipal.

Jara Cruz informó que instruyó al secretario de Gobierno para presentar la solicitud ante el Congreso. Según explicó, el objetivo es garantizar la gobernabilidad, mantener la prestación de los servicios públicos y establecer una conducción provisional de los asuntos municipales conforme a la legislación estatal.

El mandatario dijo confiar en que el Poder Legislativo procesará la petición dentro de sus atribuciones y aseguró que se buscará una transición ordenada para que el municipio continúe funcionando. También anunció el reforzamiento de las labores de vigilancia mediante la coordinación de corporaciones estatales y federales.

Mientras se define la situación política del Ayuntamiento, las fuerzas de seguridad mantendrán el control de la comisaría y del C2. La Fiscalía estatal continuará con las investigaciones sobre la actuación de los policías municipales, los bloqueos carreteros y los posibles vínculos señalados por las autoridades.

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