CIUDAD DE MÉXICO.— Los restos recuperados en un predio del municipio de Zacapu, Michoacán, podrían corresponder a cerca de 80 menores de entre uno y 12 años, de acuerdo con estimaciones preliminares e independientes del colectivo Buscando Cuerpos en Todo México. El caso llegó al Senado de la República después de varios años de búsqueda y reclamos de las familias para que se aceleren los análisis periciales.
La cifra y el rango de edad no han sido confirmados oficialmente por la Fiscalía General de la República (FGR). La dependencia tampoco ha validado de manera definitiva el origen humano de todos los indicios, el número de posibles víctimas ni las causas de muerte, por lo que los planteamientos del colectivo permanecen como hipótesis sujetas a estudios científicos.
Una búsqueda iniciada en 2021
Los primeros hallazgos en la zona comenzaron en 2021 y la recuperación de indicios se intensificó durante 2023. Según la información presentada por las familias, el colectivo modificó sus métodos de búsqueda después de localizar lo que identificó como un primer resto infantil en el área intervenida.
Las madres buscadoras, encabezadas por la activista Margarita López, redujeron el tamaño del tamiz utilizado para cribar la tierra hasta aproximadamente un cuarto de centímetro. Con ese procedimiento, aseguran, pudieron recuperar indicios que no habían sido detectados durante revisiones anteriores.
El colectivo reportó el hallazgo de alrededor de 1,600 dientes de leche, además de piezas dentales de personas adultas, vértebras y falanges. El sitio fue señalado por las buscadoras como un posible punto de cremación clandestina debido a las condiciones en las que encontraron los fragmentos.
Estimación basada en piezas dentales
La hipótesis sobre la edad y el número de posibles víctimas surgió del tamaño, tipo y cantidad de piezas dentales recuperadas, conforme a la revisión independiente impulsada por las familias. A partir de esos elementos, el colectivo calcula que podría tratarse de cerca de 80 niños de entre uno y 12 años.
Esta estimación no constituye todavía una identificación forense oficial. Para establecer cuántas personas están representadas en los indicios y determinar su identidad se requieren dictámenes especializados, así como la obtención y comparación de perfiles genéticos con registros de personas desaparecidas.
Las buscadoras han pedido que también se investigue una posible relación con delitos como trata de personas, explotación sexual o tráfico de órganos. Hasta ahora, ninguna de esas líneas ha sido acreditada ni descartada formalmente por la FGR, de acuerdo con la información disponible.
FGR mantiene pendientes los análisis
En una comunicación fechada el 18 de septiembre, la Fiscalía reconoció que continuaban pendientes los análisis científicos. Uno de los principales obstáculos técnicos señalados es la degradación de las muestras óseas por la exposición al fuego, condición que dificulta la obtención de perfiles de ADN utilizables.
Ante la falta de resultados, integrantes del colectivo instalaron un plantón durante más de 15 días frente a las oficinas centrales de la FGR en la Ciudad de México. Su exigencia fue acelerar los estudios genéticos y comparar los posibles perfiles con el registro nacional de personas desaparecidas.
El caso llega a la tribuna del Senado
El expediente fue llevado al pleno del Senado el 23 de septiembre por la senadora Laura Esquivel Torres, quien solicitó un minuto de silencio por los menores que presuntamente habrían fallecido en el predio. También presentó un punto de acuerdo para pedir información y resultados a la FGR y al Gobierno de Michoacán.
Las familias sostienen que el caso exhibe las dificultades del sistema forense para procesar restos sometidos a altas temperaturas y la necesidad de contar con procedimientos especializados para buscar e identificar a menores en contextos de violencia. Mientras no exista un dictamen definitivo, mantienen su demanda de que cada indicio sea analizado y confrontado con los registros disponibles.
Los aproximadamente 1,600 dientes recuperados permanecen bajo análisis. Para las madres buscadoras representan la posibilidad de devolver nombre e identidad a víctimas que aún no han sido reconocidas oficialmente; para las autoridades, el reto consiste en determinar científicamente su origen, establecer cuántas personas están representadas y esclarecer lo ocurrido en el predio de Zacapu.
