MÉXICO.- La posibilidad de reducir o eliminar el uso de efectivo en las gasolineras del país abrió una discusión entre los empresarios del sector, quienes consideran necesario resolver primero las brechas de bancarización, conectividad e infraestructura que persisten en distintas regiones.
La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) fijó su postura ante la iniciativa de una nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. La propuesta permitiría al Gobierno de México determinar actividades en las que únicamente se acepten medios electrónicos.
La organización no rechazó la modernización de los sistemas de pago, pero pidió que cualquier transición hacia tarjetas, transferencias o códigos QR se realice con plazos suficientes, incentivos para los usuarios y condiciones técnicas que permitan mantener el servicio en las estaciones.
Onexpo pide un sistema accesible en todo México
Para los empresarios gasolineros, la discusión no debe limitarse a retirar billetes y monedas de las operaciones. El objetivo, señalaron, tendría que ser la construcción de una red de pagos que pueda ser utilizada por consumidores y establecimientos sin importar su ubicación.
“El reto no es únicamente reducir el uso del efectivo, sino construir un sistema de pagos que funcione para todos, en todas las regiones del país”, manifestó Onexpo, de acuerdo con la información difundida sobre su postura.
La agrupación también solicitó que el costo de la transición no recaiga exclusivamente en las estaciones de servicio. Consideró que bancos, procesadores de pagos y compañías de telecomunicaciones tienen responsabilidades en la instalación, operación y continuidad de la infraestructura necesaria.
“La digitalización será sostenible si genera beneficios reales para el consumidor”, sostuvo la organización. También pidió evitar que las gasolineras deban asumir costos o riesgos que correspondan a otros participantes del sistema de pagos.
Más de 25 millones permanecen fuera de la banca
Una de las principales preocupaciones es la cantidad de personas que todavía no cuenta con acceso a servicios financieros. Onexpo señaló, con base en información de la Asociación de Bancos de México, que más de 25 millones de personas no están incorporadas al sistema bancario.
Esta condición podría dificultar que una parte de la población pague combustible si se estableciera de forma obligatoria el uso de medios digitales. El problema podría ser mayor en comunidades con cobertura limitada de internet o donde la infraestructura bancaria es insuficiente.
Ante este panorama, la organización propuso promover la bancarización y ofrecer beneficios que motiven a los consumidores a utilizar alternativas electrónicas antes de imponer restricciones. “Incentivar al consumidor, no obligar al establecimiento”, resumió Onexpo.
Entre las opciones mencionadas se encuentran recompensas o menores costos que favorezcan la adopción voluntaria. La postura del sector es que el cambio debe representar ventajas concretas para los usuarios y no convertirse en una barrera para adquirir combustible.
El efectivo conserva una amplia presencia
La transición también enfrenta el uso extendido de billetes y monedas. Datos de Banco de México citados en el material indican que alrededor del 80% de las compras y pagos en el país todavía se realiza en efectivo.
La iniciativa, presentada el 8 de septiembre, facultaría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para definir los llamados “sectores estratégicos y actividades relevantes” en los que podrían aceptarse solamente pagos digitales. Sin embargo, aún falta determinar cuáles serían incluidos y qué plazos tendrían para adaptarse.
Otra interrogante es la manera en que operarían los establecimientos ante interrupciones de internet, fallas eléctricas o problemas en las plataformas financieras. El proyecto contempla una excepción por “contingencia”, pero su alcance tendría que precisarse posteriormente en la regulación.
Para Onexpo, avanzar hacia medios electrónicos requiere mucho más que colocar terminales en las estaciones. La organización sostiene que antes de restringir el efectivo deben garantizarse cobertura, continuidad del servicio y alternativas accesibles para consumidores y negocios de todas las regiones de México.
