Huixtán, Chiapas.— Mujeres indígenas tzeltales de la comunidad de San Gregorio denunciaron que fueron sancionadas con 55 mil pesos y la entrega de 22 rejas de refresco después de instalar un generador de gasolina para extraer agua de un pozo ante los problemas de abastecimiento que enfrentan sus familias.
De acuerdo con los testimonios difundidos sobre el caso, la sanción habría sido impuesta por la autoridad comunitaria. Las habitantes sostienen que el equipo no fue conectado a las líneas del tendido eléctrico local, pues funcionaba con combustible y tenía como único propósito facilitar la extracción del líquido.
Las denunciantes explicaron que la falta de agua en San Gregorio las llevó a buscar una alternativa para cubrir una necesidad básica. Según su versión, la comunidad enfrenta dificultades de abastecimiento desde febrero de 2026 y el problema se agravó durante el periodo de sequía.
Instalaron un generador para sacar agua del pozo
Ante esa situación, el grupo adquirió un generador y pidió ayuda a familiares y a un técnico para instalarlo y ponerlo en funcionamiento. El objetivo, señalaron, era sacar agua de un pozo y abastecer a las familias afectadas por la escasez.
Las mujeres insistieron en que no utilizaron la red eléctrica comunitaria ni buscaron obtener un beneficio indebido. Pese a ello, aseguran que se les exigió pagar 55 mil pesos y entregar 22 rejas de refresco por la instalación del equipo.
La información disponible no precisa bajo qué reglamento, acuerdo o procedimiento se habría establecido el monto de la sanción. Tampoco incluye una postura de la autoridad comunitaria señalada, por lo que las acusaciones corresponden hasta ahora a los testimonios de las habitantes.
Reportan agresiones, daños y suspensión de servicios
Además de la multa, las mujeres denunciaron otros hechos relacionados con el conflicto. Afirmaron que durante una agresión ocurrida el 7 de junio les fueron retirados sus teléfonos celulares.
También señalaron que el hermano de una de ellas habría sido golpeado, arrastrado y retenido durante varias horas. De acuerdo con los mismos testimonios, personas vinculadas con la autoridad comunitaria cortaron los cables del generador y ocasionaron daños en el lugar donde se encontraba instalado.
Posteriormente, según las denunciantes, fueron suspendidos los servicios de agua y electricidad. El hombre que colaboró con la instalación del generador habría recibido otra multa de 10 mil pesos, además de la prohibición de ingresar a la comunidad mientras no cubriera esa cantidad.
Estos señalamientos no habían sido esclarecidos públicamente por las instituciones mencionadas en los reportes. La información disponible tampoco precisa si se presentó una denuncia penal formal por las presuntas agresiones, la retención, el retiro de teléfonos o los daños ocasionados al equipo.
Solicitan intervención de autoridades
Las mujeres pidieron la intervención del presidente municipal de Huixtán, Romeo Damián Huet Álvarez, pero aseguraron que no recibieron una respuesta favorable para resolver el conflicto.
Hasta los reportes más recientes contenidos en el material difundido, la Fiscalía de Justicia Indígena, la Delegación de Gobierno y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no habían emitido un pronunciamiento público sobre las denuncias realizadas por las habitantes de San Gregorio.
El caso plantea la necesidad de que las autoridades competentes aclaren cómo se determinó la sanción, verifiquen las denuncias de agresiones y daños, y establezcan si existieron afectaciones a los derechos de las mujeres y de sus familias.
También vuelve a poner atención en las dificultades de acceso al agua que enfrentan comunidades indígenas de Chiapas. Mientras no exista una resolución o una postura oficial, las acusaciones deberán mantenerse como señalamientos de las denunciantes y ser investigadas con respeto a los derechos de todas las personas involucradas.
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