WASHINGTON, Estados Unidos.— Negociadores del Senado estadounidense analizan una propuesta de ley que obligaría a las grandes empresas de inteligencia artificial a demostrar que están tomando precauciones razonables para impedir que sus herramientas provoquen daños, de acuerdo con personas familiarizadas con las conversaciones.
La iniciativa continúa en discusión y todavía no existe certeza sobre su aprobación. Uno de sus elementos centrales sería conceder al secretario de Comercio de Estados Unidos la facultad de pedir a los desarrolladores pruebas de las medidas adoptadas para reducir riesgos relacionados con sus sistemas.
El planteamiento se basa en el concepto conocido como “deber de diligencia”, mediante el cual las compañías tendrían que acreditar que actuaron razonablemente frente a los posibles peligros derivados del diseño, entrenamiento o uso de sus herramientas de inteligencia artificial.
Según un asistente del Senado y un representante de intereses familiarizados con las negociaciones, el secretario de Comercio también podría enviar auditores del Gobierno para someter a prueba los productos de las empresas. La información disponible no precisa qué criterios se emplearían para determinar si una precaución es “razonable”.
Propuesta sigue bajo negociación
La medida está siendo debatida por el líder de la mayoría del Senado, John Thune; el presidente de la Comisión de Comercio del Senado, Ted Cruz, y la senadora Amy Klobuchar, principal representante demócrata involucrada en las conversaciones.
Los portavoces de Thune y Cruz no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios citadas en el reporte original. Tampoco se han divulgado detalles definitivos sobre el alcance de las auditorías, las sanciones que podrían aplicarse o las empresas que quedarían sujetas a las nuevas obligaciones.
Aun si el Congreso aprobara la iniciativa, su posibilidad de convertirse en ley sería limitada. El presidente Donald Trump afirmó que las autoridades existentes ya cuentan con herramientas adecuadas para regular y, cuando corresponda, perseguir legalmente a las compañías tecnológicas.
La postura del mandatario sugiere que no respaldaría un proyecto que establezca nuevas normas específicas para la inteligencia artificial. Esa resistencia podría convertirse en uno de los principales obstáculos para el avance de la propuesta, además de las negociaciones que todavía deben desarrollarse dentro del Congreso.
Aumenta la preocupación por los riesgos
El debate ocurre en medio de una creciente discusión internacional sobre la rapidez con la que avanza la inteligencia artificial y las consecuencias que podrían presentarse si los sistemas más potentes son desarrollados sin controles suficientes.
La preocupación aumentó después de que Jacob Coxon, investigador de Anthropic, anunciara su renuncia. Coxon señaló que una de las razones de su decisión era que “las personas que desarrollan la IA creen sinceramente que podría acabar con todos nosotros antes de que termine la década”.
La declaración se sumó a las advertencias emitidas por figuras del sector sobre posibles escenarios de alto riesgo. Además, las acciones vinculadas con la inteligencia artificial registraron caídas a nivel mundial después de que directivos de algunas de las mayores compañías de la industria pidieran reducir el ritmo de desarrollo de esta tecnología.
Hasta ahora, el proyecto discutido por los senadores no establece una prohibición general ni ordena detener el desarrollo de sistemas de IA. Su enfoque se concentra en exigir evidencia sobre las precauciones adoptadas y permitir una revisión independiente por parte del Gobierno federal.
La definición de los estándares será determinante para conocer el impacto real de la propuesta. Sin criterios precisos sobre qué constituye una medida razonable, todavía no es posible establecer cuáles serían las obligaciones concretas para compañías como OpenAI, Anthropic u otros desarrolladores del sector.
Las conversaciones reflejan el intento del Congreso por encontrar un equilibrio entre la innovación tecnológica y la prevención de daños. Por ahora, la propuesta permanece abierta a modificaciones y no hay garantía de que alcance los votos necesarios o reciba el respaldo presidencial.
