México.— El pago de la deuda pública y las pensiones absorbería alrededor de 4.05 billones de pesos del presupuesto federal en 2027, de acuerdo con un análisis de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) sobre el Paquete Económico.
El organismo empresarial estimó que el costo financiero de la deuda alcanzaría 1.57 billones de pesos, mientras que el gasto destinado a pensiones llegaría a 2.48 billones. Ambos conceptos comprometerían una parte relevante de los recursos antes de definir el financiamiento para nuevos proyectos.
Coparmex advierte menor margen para inversión
Según la Confederación, el costo financiero de la deuda registraría un incremento real de 11.8 por ciento. La organización advirtió que destinar más recursos a obligaciones previamente adquiridas reduce el espacio fiscal para infraestructura y servicios públicos.
“En los hechos, estamos usando deuda para financiar gasto corriente y no inversión productiva”, sostuvo Coparmex.
El análisis señala que el déficit público pasaría de 4.1 a 3.9 por ciento del producto interno bruto en 2027, mientras que la inversión pública representaría alrededor de 2.9 por ciento del PIB. La deuda pública, por su parte, alcanzaría cerca de 55 por ciento del PIB, nivel que Coparmex identifica como el más alto desde 1990.
Riesgos para las proyecciones económicas
Coparmex indicó que el Paquete Económico no contempla nuevos impuestos ni aumentos generales de tasas, aunque algunas modificaciones fiscales podrían elevar las obligaciones de determinadas empresas, especialmente aquellas con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos.
El escenario oficial considera un crecimiento económico de entre 1.5 y 2.5 por ciento y un aumento real de 5.9 por ciento en la recaudación tributaria. Sin embargo, el organismo alertó que un crecimiento menor, tasas de interés más altas o ingresos inferiores a los previstos podrían generar nuevos ajustes presupuestarios.
La Confederación propuso reducir gradualmente el déficit, controlar el crecimiento de la deuda, proteger la inversión productiva y crear un Consejo Fiscal Independiente que revise las estimaciones oficiales de ingresos, gasto y endeudamiento.
