México.- Diego Sebastián Rosen, de 51 años, fue detenido como presunto responsable del multihomicidio de Jonathan Meléndez, tecladista, productor y fundador de Camilo Séptimo, junto con integrantes de su familia.
De acuerdo con las autoridades, Diego Sebastián mantenía una relación profesional y de confianza con Jonathan, también conocido como “Honas”. Ambos habrían sido socios en actividades relacionadas con la renta de propiedades, principalmente en Valle de Bravo, aunque las características de esa sociedad no han sido detalladas oficialmente.
La relación es una pieza relevante de la investigación, pues el detenido presuntamente tenía la confianza necesaria para ingresar al departamento de Jonathan, ubicado en el residencial Grand Viure, en la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza.
Investigan posibles conflictos económicos
Entre las líneas de investigación se encuentran una posible disputa por 300 mil pesos, diferencias relacionadas con propiedades destinadas al hospedaje y un eventual robo. Ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada judicialmente como el móvil del crimen.
Tras la detención también circularon señalamientos en redes sociales contra Diego Sebastián y su pareja por un supuesto fraude relacionado con la renta de una vivienda en Valle de Bravo. Dichas publicaciones mencionan una pérdida cercana al medio millón de pesos y una empresa denominada NOMAD P.M.; sin embargo, estas acusaciones no representan una sentencia ni una determinación judicial.
Detención en La Marquesa
La captura ocurrió la mañana del 2 de septiembre de 2026 en la zona de La Marquesa, Estado de México, con participación de autoridades mexiquenses, capitalinas y federales.
Las víctimas fueron Jonathan Meléndez, de 38 años; su esposa Ana Paula, de 35 años y con cuatro meses de embarazo; la hija de ambos, de tres años; una trabajadora del hogar, de 21 años, y la mascota familiar.
Gerardo “N” también es investigado como presunto cómplice. Diego Sebastián deberá ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria; corresponderá a la Fiscalía presentar las pruebas y a la autoridad judicial definir su situación jurídica.
