Zacatecas, Zacatecas.— La explosión de un cochebomba contra la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente abrió un escenario de incertidumbre ante la posibilidad de que se reactive la violencia en la entidad, de acuerdo con el especialista en seguridad David Saucedo.
El inmueble atacado la noche del domingo fue demolido el martes. Mientras continúan las investigaciones, Saucedo planteó tres posibles explicaciones: una avanzada territorial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una represalia contra el grupo conocido como La Mayiza o una confrontación más amplia entre nuevos liderazgos criminales.
En entrevista con El Universal, el analista cuestionó la postura del gobierno estatal, que ha presentado los ataques recientes con explosivos en el sur-sureste de Zacatecas como una reacción desesperada ante los operativos de seguridad. A su juicio, estos artefactos también buscan intimidar a las autoridades y generar temor entre la población.
Advierten posible escalada de violencia
Saucedo consideró que el ataque podría responder a decisiones tomadas fuera de la dinámica local. Una posible intención, explicó, sería provocar la concentración de fuerzas federales en Zacatecas y reducir la vigilancia en otras regiones donde existen disputas entre organizaciones delictivas.
El especialista advirtió que, si esta hipótesis se confirma, Zacatecas podría ingresar a una nueva etapa de violencia relacionada con cambios generacionales en las dirigencias criminales. En ese contexto mencionó las pugnas y reconfiguraciones internas del CJNG y del Cártel de Sinaloa.
También señaló que deben analizarse otros hechos registrados en la entidad, entre ellos el asesinato de 10 personas ocurrido en julio y la difusión, el 22 de agosto, de un video atribuido a una supuesta célula del CJNG que amenazaba a corporaciones de seguridad y autoridades locales.
Sobre el artefacto empleado en Ojocaliente, Saucedo indicó que el objetivo de este tipo de ataques suele ser causar daños, desestabilización y un impacto psicológico. La Fiscalía General de la República deberá determinar mediante peritajes qué explosivo fue utilizado y si la detonación ocurrió a distancia o mediante un temporizador.
