México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio del Servicio de Administración Tributaria (SAT), solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) ejercer acción penal contra los responsables de la empresa tabasqueña Portacelis Gas and Oil.
La compañía es investigada por un presunto esquema de “huachicol fiscal” que habría causado un quebranto al erario superior a 834 millones de pesos, de acuerdo con información publicada por Reforma.
Según la declaratoria de perjuicio presentada ante la FGR el 25 de marzo, Portacelis habría utilizado información falsa en 139 pedimentos de importación de combustibles transportados en ferrotanques. Las operaciones se realizaron entre febrero y junio de 2025 y presuntamente permitieron evadir impuestos y derechos.
Investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señalan que Juan Carlos de la Cruz Murillo fue administrador único de la empresa. La organización lo identifica como operador de confianza y presunto prestanombres del empresario Jorge Amílcar Olán, señalado como amigo de Andrés Manuel López Beltrán.
De la Cruz Murillo también apareció en cargos de otras compañías relacionadas con Olán, entre ellas Romedic, Poyago e Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis, según la misma investigación.
El 23 de diciembre de 2024, De la Cruz dejó la administración de Portacelis y fue sustituido por José Alonso Ulin Hernández. La denuncia del SAT fue dirigida contra Ulin, empleados de la compañía y agentes aduanales, mientras que De la Cruz no fue incluido entre los señalados directos.
En las indagatorias también figura el agente aduanal Víctor José Carretero Zardeneta, señalado como pieza relevante en las operaciones investigadas. De acuerdo con el reporte, habría escapado a Estados Unidos en enero después de evadir un operativo de la FGR en el cruce fronterizo de Matamoros y Brownsville.
Carretero acumularía dos órdenes de aprehensión previas por presunto contrabando de hidrocarburos. La tramitación de los 139 pedimentos de Portacelis forma parte de un tercer expediente en su contra. Las imputaciones deberán ser determinadas por las autoridades judiciales correspondientes.
