Ciudad de México.— El juez Edmundo Manuel Perusquia Cabañas, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, determinó el 23 de julio de 2026 sustituir la prisión preventiva justificada que Jesús Murillo Karam cumplía en su domicilio por una medida de resguardo domiciliario.
La resolución estableció que el ex titular de la entonces Procuraduría General de la República deberá permanecer en su vivienda bajo vigilancia electrónica. También tiene prohibido salir de la Ciudad de México y acercarse a víctimas o testigos, además de quedar sujeto a la supervisión de las autoridades judiciales.
¿Por qué cambió la medida cautelar?
De acuerdo con la información del caso, el juez tomó en cuenta que el proceso penal se ha prolongado por más de dos años debido a causas ajenas al imputado, entre ellas la tramitación de amparos en revisión. Consideró que mantener la prisión preventiva bajo esas circunstancias podría contravenir los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la duración razonable de esa medida.
El estado de salud de Murillo Karam también fue valorado. Su defensa argumentó que el exfuncionario sufrió un derrame cerebral en abril de 2026 y requiere atención médica especializada.
La decisión fue impugnada
La Fiscalía General de la República y la representación legal de Agustín García Reyes, Jonathan Osorio Cortés, Darío Morales Sánchez y Patricio Reyes Landa presentaron recursos de apelación. La FGR sostiene que existen riesgos procesales que justificarían condiciones más restrictivas.
El Primer Tribunal Colegiado de Apelación deberá determinar si confirma el resguardo domiciliario o revoca la resolución. El recurso llegó inicialmente al Segundo Tribunal Colegiado de Apelación, pero ese órgano estableció que correspondía al primero resolverlo por turno.
Murillo Karam enfrenta dos procesos vinculados con la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los señalamientos incluyen desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de la justicia. En uno de los expedientes también se le acusa de coalición de servidores públicos en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo”.
