Rusia.— El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) acusó a una agencia de inteligencia de un país occidental de preparar, en coordinación con Ucrania, una supuesta operación para relacionar a Moscú con el suministro ilegal de armas a cárteles y grupos criminales de México, Colombia y Venezuela.
La acusación fue divulgada el 17 de agosto de 2026. Sin embargo, el organismo ruso no identificó al servicio de inteligencia señalado ni presentó pruebas públicas que permitan verificar la existencia del supuesto plan.
Según la versión del SVR, armas de fabricación rusa capturadas por las fuerzas ucranianas durante el conflicto serían trasladadas a los tres países latinoamericanos. Posteriormente, serían utilizadas para crear la apariencia de una red abastecida directamente desde Rusia.
Rusia denuncia una supuesta operación
La inteligencia rusa aseguró que el presunto montaje incluiría grabaciones de audio y video, además de documentos falsificados para hacer creer que ciudadanos rusos entregaron armamento mediante intermediarios. Parte de ese material buscaría atribuir participación a integrantes de las Fuerzas Armadas rusas.
El SVR sostuvo que el objetivo sería deteriorar las relaciones de Moscú con gobiernos latinoamericanos y presionarlos para adoptar posiciones cercanas a las políticas occidentales. No obstante, omitió precisar qué organizaciones recibirían las armas, así como rutas, fechas, intermediarios o números de serie.
El señalamiento se suma a una acusación de junio de 2026, cuando el mismo organismo afirmó que autoridades ucranianas facilitaban el traslado de drogas de América Latina hacia Europa y cooperaban con cárteles mexicanos. Tampoco presentó entonces evidencia pública. La Embajada de Ucrania en México rechazó aquella versión y la calificó como desinformación.
Al formular su nueva denuncia, el SVR también describió la matanza de Bucha de 2022 como un montaje. Esa postura contradice investigaciones de Naciones Unidas y Human Rights Watch, que documentaron ejecuciones y otros abusos contra civiles durante la ocupación rusa.
Mientras no existan armas localizadas, documentos autenticados o información verificable sobre rutas e intermediarios, la denuncia permanece como una acusación del gobierno ruso y no como una red de tráfico comprobada.
