Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió atraer un amparo en revisión relacionado con el proceso penal del exgobernador de Chihuahua, César Horacio D.J. El asunto permitirá al máximo tribunal analizar los límites para procesar en México a una persona extraditada por delitos distintos a los que originalmente motivaron su entrega.
La discusión se concentra en la aplicación de la regla de especialidad prevista en el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos. Este principio establece condiciones para que una persona entregada por otro país pueda enfrentar acusaciones diferentes a las incluidas en la solicitud de extradición.
El expediente corresponde al amparo en revisión 1783/2024, derivado del juicio de amparo indirecto 1884/2023. La determinación de atraer el caso no representa una resolución definitiva ni anticipa el sentido del fallo, pero coloca el análisis directamente en el Pleno de la SCJN.
Revisarán el derecho de defensa
Javier Soto Ortuño, defensor del exgobernador, explicó que la Corte deberá revisar si el procedimiento mediante el cual el Gobierno de Estados Unidos autorizó que César Horacio D.J. fuera procesado por un delito distinto respetó sus derechos de audiencia y defensa.
“La atracción del asunto todavía no representa una resolución definitiva sobre el fondo. Sin embargo, sí implica que la Suprema Corte consideró que el caso reúne condiciones suficientes de importancia y trascendencia para que sea analizado directamente por el Pleno y para que el criterio que se establezca pueda orientar futuros procedimientos de extradición internacional”, señaló el abogado.
Una jueza segunda de Distrito en Chihuahua había concedido previamente el amparo al exmandatario estatal. De acuerdo con la defensa, la juzgadora consideró que una autoridad judicial local validó una excepción a la regla de especialidad sin comprobar si el imputado tuvo oportunidad de intervenir y defenderse durante el procedimiento.
Autoridades federales y estatales presentaron recursos de revisión contra esa sentencia. Dichas impugnaciones dieron origen al amparo en revisión 1783/2024, cuyo fondo será estudiado ahora por la Suprema Corte.
Defensa plantea un límite al poder del Estado
La representación legal de César Horacio D.J. sostiene que la regla de especialidad no debe ser considerada únicamente como una formalidad diplomática entre los gobiernos involucrados. En su interpretación, también constituye un límite al poder punitivo del Estado solicitante y una garantía relacionada con la libertad, la seguridad jurídica y el derecho de defensa de la persona extraditada.
El abogado argumentó que los procedimientos denominados diplomáticos o de cooperación internacional deben quedar sujetos a revisión constitucional cuando producen efectos directos sobre la libertad de una persona, como una detención, una orden de aprehensión, una imputación o el inicio de un nuevo proceso penal.
Antecedentes del caso
El exgobernador de Chihuahua fue detenido en Miami, Florida, en julio de 2020, y extraditado a México en junio de 2022. Después de su llegada fue internado en el penal de Aquiles Serdán, donde enfrentó acusaciones por los delitos de peculado y asociación delictuosa.
En junio de 2024 obtuvo la libertad condicional y quedó sujeto al uso de un brazalete electrónico. Posteriormente, en diciembre de 2025, fue detenido nuevamente por la Fiscalía General de la República (FGR) por una acusación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, después de que el Gobierno de Estados Unidos autorizara que fuera procesado por ese delito.
Ese aval y el procedimiento seguido para obtenerlo forman parte del debate constitucional planteado por la defensa. La SCJN deberá determinar si la autorización fue suficiente para exceptuar la regla de especialidad y si, durante el trámite, se garantizaron los derechos del exgobernador.
El criterio que adopte el Pleno podría servir como referencia en futuros casos de extradición internacional. Por ahora, la atracción del amparo únicamente confirma que la Corte revisará el asunto; la responsabilidad penal del exmandatario y el sentido definitivo del juicio no han sido resueltos mediante esta determinación.
