Florida, Estados Unidos.- Cuatro ciudadanos mexicanos presuntamente vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) enfrentan cargos en Estados Unidos por narcoterrorismo, tráfico de drogas y contrabando de armas, luego de un operativo internacional realizado en República Checa.
De acuerdo con información atribuida a la Fiscalía del Distrito Central de Florida y difundida por la agencia EFE, los acusados habrían participado en negociaciones para adquirir armamento de uso militar fabricado en Europa. El supuesto método de pago consistía en cargamentos de fentanilo y metanfetamina destinados posteriormente al mercado estadounidense.
La acusación sostiene que las armas serían enviadas a México para ser utilizadas contra fuerzas militares, corporaciones policiales, organizaciones criminales rivales y población civil. Entre el equipo negociado se encontraban ametralladoras de diferentes calibres, lanzacohetes, sistemas de mortero y municiones de alto impacto.
Los cuatro señalados podrían enfrentar sentencias de cadena perpetua si son declarados culpables. Los cargos presentados son acusaciones y deberán ser demostrados por la Fiscalía durante el correspondiente proceso judicial.
¿Quiénes son los cuatro mexicanos acusados?
El expediente identifica a Edgar Alejandro López Velasco, de 44 años, como supuesto representante directo de un integrante de alto nivel del CJNG. Está acusado de conspiración para cometer narcoterrorismo, proporcionar apoyo material al terrorismo, importar drogas y traficar armas.
Noé Díaz Jiménez, de 33 años, enfrenta cargos relacionados con narcoterrorismo, apoyo al terrorismo y tráfico de sustancias. Las autoridades estadounidenses lo señalan como responsable de operar un laboratorio clandestino de fentanilo en México y de coordinar el envío de drogas sintéticas.
Otro de los acusados es José Miguel Alvarado Morales, de 23 años, quien presuntamente trabajaba como enlace y representante de otro mando de alta jerarquía del grupo criminal. En su contra fueron formulados cargos de narcoterrorismo, apoyo a una organización terrorista y contrabando de armas.
El cuarto señalado es Leobardo Gaxiola López, alias “Bado”, de 63 años. Según la investigación, habría intervenido como intermediario en las operaciones financieras y logísticas relacionadas con armas y estupefacientes. Enfrenta cargos por conspiración para importar drogas y tráfico de armamento.
Negociación de armas por drogas sintéticas
Las investigaciones citadas en el material indican que, durante febrero de 2026, los acusados negociaron desde República Checa la compra de armamento pesado europeo. La operación habría formado parte de una red internacional creada para fortalecer la capacidad de fuego del CJNG en territorio mexicano.
Como parte del intercambio, los presuntos operadores ofrecían cargamentos de fentanilo y metanfetamina. Las drogas, según la acusación, ingresarían a Estados Unidos para su distribución, mientras que el armamento sería trasladado a México.
El proceso se desarrolla en el contexto de las medidas adoptadas por el gobierno estadounidense contra las redes internacionales del CJNG, organización designada como terrorista por la administración del presidente Donald Trump. Esa clasificación ha sido utilizada por las autoridades para ampliar acciones penales, financieras y operativas contra integrantes y colaboradores del grupo.
Extradiciones y detenciones en Europa
El operativo involucró acciones coordinadas entre autoridades de Estados Unidos, República Checa y México. De acuerdo con la información difundida, fuerzas mexicanas desmantelaron el 12 de junio de 2026 un supuesto laboratorio clandestino de opioides sintéticos relacionado con Díaz Jiménez, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco.
López Velasco y Alvarado Morales ya fueron extraditados a Estados Unidos y comparecieron en una audiencia inicial ante un juez federal en Florida. Ambos permanecerán bajo custodia preventiva y sin derecho a fianza mientras continúa el procedimiento.
Por su parte, Díaz Jiménez y Gaxiola López permanecen detenidos en Europa. Los dos se encuentran a la espera de que concluyan los trámites necesarios para su eventual extradición a territorio estadounidense.
La investigación continúa abierta y las autoridades no han informado en el material proporcionado cuándo se realizarán las siguientes audiencias ni cuánto tiempo podrían tomar los procesos de extradición pendientes.
