Guadalajara, Jalisco.- El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantendría una red de extorsión contra operadores de máquinas tragamonedas en la zona metropolitana de Guadalajara, con cuotas mensuales por cada aparato y sanciones económicas en caso de retrasos, de acuerdo con una investigación del periodista especializado en seguridad José Luis Montenegro.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, el autor del libro “El día que cayó ‘El Mencho’” explicó que documentó un esquema que, según su investigación, comenzó a ser controlado por integrantes de la organización criminal en 2021 y permanecería activo.
Los señalamientos corresponden a la investigación periodística expuesta por Montenegro y no representan por sí mismos una resolución judicial ni una determinación oficial de responsabilidad contra las personas mencionadas.
Cuotas de 700 pesos por cada máquina
Montenegro afirmó que los llamados “maquineros”, operadores que administran tragamonedas instaladas en diferentes establecimientos, deben entregar actualmente alrededor de 700 pesos mensuales por cada aparato en funcionamiento.
El monto total, explicó, depende del número de máquinas controladas por cada operador. Como ejemplo, señaló que quien administra 500 aparatos tendría que pagar alrededor de 350 mil pesos mensuales.
Según su investigación, existen operadores cuyos pagos alcanzarían 350 mil, 500 mil e incluso un millón de pesos al mes.
El periodista ubicó esta presunta red dentro de la diversificación de las fuentes de financiamiento del CJNG, organización que además del tráfico de drogas ha sido vinculada con otras actividades criminales.
Montenegro ubica el inicio del esquema en 2021
El periodista explicó que los operadores de estas máquinas provienen de un sector que anteriormente se dedicaba principalmente a aparatos de videojuegos.
De acuerdo con su reconstrucción, antes de la presunta intervención del CJNG existieron cobros realizados por autoridades locales. Montenegro sostuvo que en 2019 la Fiscalía del Estado de Jalisco cobraba 100 pesos por punto a los operadores y que posteriormente los ayuntamientos habrían establecido cantidades de 300 y después 500 pesos por máquina.
Relacionó el fin de esos cobros con el caso de Erick González Eulogio, operador de tragamonedas detenido en Puebla por trabajar sin autorización de la Secretaría de Gobernación y quien, según Montenegro, obtuvo un amparo en 2020.
El periodista afirmó que posteriormente Armando Gómez Núñez, conocido como “Delta 1”, habría comenzado en 2021 a controlar el cobro de cuotas a los operadores.
“Alguien le dice, oye, hay un área de oportunidad aquí, hazte del negocio para cobrarle renta a los maquineros, y él dice, ‘adelante’, y empieza a cobrar 700 pesos por cada punto”, relató Montenegro.
Según su versión, aunque Gómez Núñez fue posteriormente detenido, el sistema habría continuado operando.
Pagos organizados mediante grupos de WhatsApp
Montenegro aseguró que tuvo acceso, mediante una fuente del Gobierno federal, a registros con listas y folios de operadores sujetos a los presuntos cobros.
De acuerdo con su descripción, la recaudación se organiza mediante grupos de WhatsApp en los que se informa a los operadores dónde, cuándo y a qué hora deben entregar el dinero.
“Les dicen en WhatsApp a qué ubicación tienen que llegar, a qué punto tienen que entregar el sobre en efectivo, en solo denominaciones de 100 y 200 pesos”, explicó.
El periodista mencionó identificadores relacionados con distintas zonas, entre ellos “Tlaquepaque 1”, “El Salto 2” y “El Grullo 3”.
Los pagos, sostuvo, deben entregarse en efectivo siguiendo las instrucciones establecidas por quienes presuntamente administran la red.
Multas de 5 mil pesos por retrasos
Además de la cuota mensual, Montenegro afirmó que los operadores enfrentan sanciones económicas si no cumplen puntualmente con las entregas.
Según su testimonio, incluso un retraso de algunos minutos puede generar una multa adicional de 5 mil pesos, independientemente de la cantidad mensual correspondiente a las máquinas.
El periodista sostuvo que su investigación contiene nombres de personas presuntamente relacionadas con la operación, ubicaciones de reuniones, información sobre quienes enviarían y recogerían dinero y referencias a vehículos utilizados para las entregas.
Cuestiona respuesta de autoridades de Jalisco
Montenegro aseguró que el esquema habría operado durante la administración estatal de Enrique Alfaro y continuaría bajo el gobierno de Pablo Lemus.
A partir de los datos que afirma haber recopilado, cuestionó si las autoridades estatales conocen la existencia de esta presunta red y qué acciones han realizado para combatirla.
“Si investigamos como periodistas esto, es evidente que el propio gobierno de Jalisco lo sabe, ¿hay una omisión o hay una complicidad compartida?”, planteó.
El cuestionamiento constituye una valoración del periodista y no una prueba de participación de funcionarios en la presunta red.
Extorsión como fuente de financiamiento
Montenegro considera que el caso de las tragamonedas ejemplifica la diversificación de las actividades ilícitas atribuidas al CJNG y la importancia que habría adquirido la extorsión como fuente de recursos.
También sostuvo que los operadores buscan que su actividad pueda funcionar bajo un esquema formal de regulación y pagos legales, en lugar de quedar expuestos a cuotas exigidas por organizaciones criminales.
El periodista describió la presunta red como un sistema silencioso que dependería del sometimiento de las víctimas y de que los operadores eviten denunciar públicamente los cobros.
Al comparar al CJNG con el Cártel de Sinaloa, Montenegro afirmó que considera al primero superior en determinados aspectos por la diversificación de sus actividades, sus redes internacionales para obtener precursores químicos y su presencia fuera de México.
Las afirmaciones expuestas forman parte de la investigación periodística de Montenegro. Cualquier responsabilidad penal relacionada con los hechos señalados corresponde determinarla a las autoridades competentes mediante las investigaciones y procesos legales respectivos.
