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Senado de Argentina debate reforma para ampliar venta de tierras a extranjeros en medio de protestas

El gobierno de Javier Milei modificó la iniciativa para elevar el límite de propiedad extranjera al 25% y evitar un revés legislativo.

Buenos Aires, Argentina.- El Senado argentino debatirá este jueves un proyecto de ley impulsado por el gobierno del presidente Javier Milei que propone modificaciones al régimen de propiedad privada, incluyendo cambios a la legislación sobre tierras rurales que ampliarían la posibilidad de compra por parte de extranjeros.

La discusión se desarrollará mientras diversas organizaciones sociales, sindicales, ambientales, universitarias y fuerzas políticas opositoras convocaron a una manifestación frente al Congreso bajo el lema “La patria no se vende”.

Cambios a la ley

La iniciativa busca reducir restricciones relacionadas con la propiedad privada y fortalecer la seguridad jurídica para atraer inversiones, según el Ejecutivo. Entre otros puntos, modifica procedimientos de desalojo, expropiaciones y el uso de terrenos afectados por incendios.

Uno de los aspectos más controvertidos es la reforma a la ley de tierras rurales. La propuesta original eliminaba el límite del 15% para la propiedad extranjera, pero ante la oposición política el gobierno modificó el texto para establecer un nuevo tope del 25%.

Críticas

El Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires advirtió que la iniciativa podría incrementar la presión sobre los bienes comunes y flexibilizar los controles sobre la adquisición de tierras.

La legislación vigente establece que los extranjeros no pueden poseer más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal, además de fijar límites para un mismo titular en la denominada zona agropecuaria núcleo.

De acuerdo con el Observatorio, actualmente existen 13.2 millones de hectáreas en manos extranjeras y al menos 36 municipios o departamentos superan el límite vigente del 15%.

Las críticas también apuntan a la ausencia de restricciones específicas para adquisiciones en zonas de frontera o áreas con recursos estratégicos como cuerpos de agua y regiones ribereñas.

Si el Senado aprueba el proyecto, la iniciativa continuará su trámite legislativo en la Cámara de Diputados.

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