Ciudad de México, México.- El Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito confirmó de manera definitiva la sentencia que obliga a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) a entregar las versiones públicas de los contratos relacionados con la adquisición y uso del software de espionaje Pegasus.
La resolución pone fin a un litigio de cuatro años promovido por la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que impugnó la negativa de las autoridades militares para transparentar los acuerdos firmados durante 2018 y 2019.
Contratos deberán hacerse públicos
El fallo ordena la entrega de las versiones públicas de los contratos identificados con los folios DN-10 SAIT-1975/P/2019 y DN-10 SAIT-1938/P/2018, celebrados con la empresa Comercializadora Antsua S.A. de C.V. para el denominado Servicio de Monitoreo Remoto de Información.
De acuerdo con la información disponible, ambos contratos superan un monto conjunto de 140 millones de pesos.
Tribunal rechaza argumentos de reserva
La sentencia desestimó los argumentos de la Defensa sobre la imposibilidad de transparentar la información por motivos de seguridad nacional y reiteró la obligación de cumplir con las resoluciones judiciales en materia de acceso a la información pública.
R3D consideró que el fallo representa un paso importante para la rendición de cuentas y la transparencia sobre el uso de tecnologías de vigilancia en México. Una vez que la resolución sea notificada formalmente, comenzará el plazo legal para que las versiones públicas de los contratos sean entregadas.
