MÉXICO.- La regulación del acceso de niñas, niños y adolescentes a redes sociales avanza en distintos países con nuevas medidas que buscan establecer edades mínimas, sistemas de verificación de identidad y mayores obligaciones para las plataformas digitales.
El objetivo de estas iniciativas es proteger a los menores frente a riesgos como el ciberacoso, la violencia digital, la explotación en línea, la exposición a contenidos dañinos y el uso excesivo de plataformas impulsado por algoritmos de recomendación.
Aunque cada país plantea modelos distintos, la mayoría coincide en un punto: trasladar a las empresas tecnológicas la responsabilidad de verificar la edad de los usuarios y aplicar restricciones cuando sea necesario.
Australia y Francia lideran restricciones
Australia mantiene una de las regulaciones más estrictas. Desde diciembre de 2025 entró en vigor una reforma a su Ley de Seguridad en Línea, que impide a menores de 16 años crear o mantener cuentas en determinadas redes sociales.
La normativa obliga a las plataformas a implementar mecanismos de verificación de edad y contempla sanciones económicas para las empresas que no cumplan.
La medida aplica para servicios como Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, Reddit, Threads y Twitch, aunque excluye aplicaciones de mensajería, plataformas educativas y servicios relacionados con salud.
En Francia, el Parlamento aprobó una ley que prohíbe el acceso a redes sociales para menores de 15 años, cuya aplicación está prevista para septiembre de 2026.
La legislación establece que las plataformas deberán impedir la creación de nuevas cuentas por parte de menores y eliminar aquellas que no cumplan con los requisitos establecidos.
Más países buscan regular el acceso
Indonesia y Malasia también han impulsado medidas para aumentar la protección digital de los menores.
Entre las obligaciones propuestas se encuentran la verificación de edad, controles parentales y mayores responsabilidades para las empresas tecnológicas, con el objetivo de reducir riesgos relacionados con la salud mental, explotación infantil y uso compulsivo de redes sociales.
Otros países como España, Grecia, Dinamarca, Portugal, Noruega y Nueva Zelanda analizan proyectos similares, principalmente con restricciones para usuarios de entre 15 y 16 años.
En otros casos, las restricciones forman parte de esquemas de control más amplios. China mantiene limitaciones sobre plataformas occidentales mediante su marco regulatorio digital, mientras que Irán y Corea del Norte aplican bloqueos a diversas redes internacionales.
México mantiene discusión legislativa
En México actualmente no existe una ley federal que establezca una edad mínima para utilizar redes sociales, pero durante 2026 el tema tomó fuerza en la agenda pública y legislativa.
Especialistas y legisladores han señalado riesgos similares a los observados en otros países, como la exposición temprana a contenidos inapropiados, el acoso digital y la explotación en internet.
A nivel estatal, Querétaro es una de las entidades con mayores avances mediante la llamada Ley Kuri, aprobada en 2025.
Entre sus medidas contempla la prohibición del uso de celulares durante clases en educación básica y media superior, además de restricciones para el acceso a redes sociales en menores de 14 años y la autorización de madres, padres o tutores para adolescentes de 14 a 17 años.
En la Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León también se han presentado iniciativas que plantean mecanismos de verificación de edad, consentimiento parental y nuevas obligaciones para las plataformas digitales.
En el caso del Estado de México, se analiza prohibir el acceso a redes sociales para menores de 12 años, permitirlo entre los 12 y 14 años bajo supervisión familiar y otorgar mayor autonomía a partir de los 15 años.
Además, en el Congreso de la Unión se presentó una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de evaluar restricciones para menores de 14 años y fortalecer la protección de sus derechos en el entorno digital.
Aunque los modelos varían entre países, las propuestas coinciden en cuatro objetivos principales: verificación efectiva de edad, mayor responsabilidad para las plataformas, reducción de riesgos digitales y sanciones para empresas que incumplan las reglas.
