Buenos Aires, Argentina. El gobierno del presidente Javier Milei ha implementado una serie de reformas que endurecen la política migratoria del país, con nuevas restricciones para el ingreso, permanencia y acceso a servicios por parte de extranjeros. Las medidas forman parte de una estrategia que la administración argentina justifica como un fortalecimiento de la seguridad nacional.
Entre los cambios se encuentran requisitos más estrictos para obtener residencia, como demostrar ingresos y contar con un seguro médico, además de procedimientos más ágiles para la expulsión de personas con antecedentes penales. También se modificaron las condiciones para solicitar asilo, se limitó la atención gratuita en hospitales públicos para extranjeros sin residencia permanente y se abrió la posibilidad de que universidades públicas cobren cuotas a estudiantes no residentes.
Como parte de la reestructuración institucional, el Gobierno creó la Agencia Nacional de Migraciones, ahora bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, con el objetivo de coordinar acciones junto a corporaciones policiales y reforzar la vigilancia en las fronteras. Además, fueron creados un centro de análisis migratorio y unidades especializadas con facultades para realizar tareas de inteligencia y operativos contra personas en situación migratoria irregular.
Las reformas han generado críticas de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, que consideran que las nuevas disposiciones representan un retroceso en el acceso a derechos y promueven una asociación entre migración y delincuencia. Especialistas también han cuestionado que las medidas se implementaran mediante decretos y no a través de un debate legislativo.
Mientras endurece los controles migratorios, el Gobierno de Milei también ha impulsado iniciativas para facilitar el acceso a la ciudadanía a inversionistas extranjeros y promover una mayor apertura a la inversión internacional, como parte de su estrategia económica.
