Ciudad de México. El Gobierno federal presentó una iniciativa de reforma para homologar la investigación, sanción y reparación del delito de feminicidio en todo el país, con el objetivo de que las 32 entidades federativas apliquen un mismo tipo penal, protocolos de actuación y criterios de investigación. La propuesta contempla penas de entre 50 y 70 años de prisión para quienes cometan este delito.
Durante la conferencia matutina, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que la iniciativa busca eliminar las diferencias que actualmente existen entre las legislaciones estatales. Señaló que el tipo penal de feminicidio quedaría unificado y se establecerían 10 razones de género para acreditar este delito, entre ellas la existencia de violencia sexual, antecedentes de violencia contra la víctima, delitos motivados por estereotipos o prejuicios de género y contextos de asimetría de poder.
La propuesta también incorpora 19 agravantes que permitirían incrementar las sanciones en determinados casos. Entre ellas se encuentran cuando la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, mujer embarazada, persona con discapacidad, periodista, defensora de derechos humanos o migrante, así como cuando el feminicidio sea cometido por un servidor público o existan actos de violencia como ataques con ácido o sustancias inflamables.
Por su parte, la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres de la FGR, Maribel Bojorges Beltrán, informó que la iniciativa establece la obligación de que todas las autoridades adopten protocolos homologados de investigación, incorporando perspectiva de género, debida diligencia reforzada, análisis de contexto de violencia, preservación adecuada de indicios y una coordinación permanente entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas.
Además, el proyecto contempla que las investigaciones sean encabezadas de manera continua por la unidad o fiscalía especializada y el Ministerio Público durante todas las etapas del proceso penal, con el fin de garantizar la protección de las víctimas. También propone que la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales cuenten con unidades especializadas, integradas por ministerios públicos, policías, personal técnico y peritos capacitados para la investigación y atención de casos de feminicidio.
