Ciudad Juárez, Chihuahua.- Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de cinco elementos activos de la Guardia Nacional, quienes son plenamente acusados del delito de secuestro exprés dentro de las inmediaciones aeroportuarias de Ciudad Juárez. Los imputados fueron identificados de manera oficial por las autoridades judiciales como Fernando P. R., Horacio D. S., Alfredo G., el sargento primero Jesús Gerardo R. A., así como el agente Jonathan de Jesús O. P. A los ahora procesados se les atribuye haber aprovechado sus funciones y uniformes oficiales para interceptar de forma ilegal a viajeros que arribaban a la frontera con la intención de exigirles transferencias o dinero en efectivo a cambio de no ser retenidos.
Las indagatorias ministeriales establecen que los imputados operaban mediante dos eventos delictivos distintos ocurridos a principios del mes de julio. En el primero de los casos, los involucrados interceptaron a un ciudadano de origen guatemalteco procedente de la Ciudad de México, estimándose que en dicha acción resultaron afectadas al menos cinco personas, de las cuales únicamente una formalizó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. Respecto al segundo hecho criminal, se acreditó la presunta participación de un solo agente federal, quien abordó de forma impositiva a un pasajero en el área de transporte terrestre de la terminal para exigirle una cantidad económica bajo amenazas de privarlo de su libertad.
Durante el desarrollo de la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó procedente la prisión preventiva justificada como medida cautelar obligatoria para salvaguardar la integridad de las víctimas y evitar la evasión de la justicia. De igual forma, el tribunal desestimó de manera técnica los cargos iniciales de extorsión presentados por la representación social, tras resolver jurídicamente que dicha conducta delictiva queda plenamente subsumida dentro del delito de secuestro exprés. El juzgado concedió a la Fiscalía General de la República un plazo de tres meses para el desarrollo y conclusión de la investigación complementaria, tiempo durante el cual los servidores públicos permanecerán recluidos en un centro penitenciario.
