México.- La Fiscalía de México reiteró este miércoles que EE.UU. no ha entregado las pruebas que justifiquen la petición de detención urgente que hicieron en abril contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien Washington acusa de delitos relacionados con el narcotráfico.
“Con base en lo señalado en esta solicitud no ha habido pruebas concretamente para responder en el sentido del parámetro probatorio mínimo que requiere el derecho mexicano, como se ha explicado ya en su momento”, declaró el responsable de la Fiscalía Especializada de Control Regional de México, David Boone, en una rueda de prensa con otros responsables de la FGR.
Boone recordó que el Ministerio Público ya entrevistó al gobernador y los otros funcionarios señalados por EE.UU., entre ellos el senador federal Enrique Inzunza o el alcalde de Culiacán (capital del estado), Juan de Dios Gámez.
El Departamento de Justicia estadounidense provocó un terremoto político en México al acusar formalmente a diez políticos del estado de Sinaloa (noroeste) de recibir sobornos de Los Chapitos, una facción del poderoso Cartel de Sinaloa, a cambio de favores políticos.
Por este motivo les imputa delitos relacionados con el narcotráfico y la posesión de armas.
Al respecto, Boone afirmó que siguen recabando “datos de prueba” tras los señalamientos de Washington, que solicitó la detención de los funcionarios con fines de extradición.
Por su parte, la fiscal general de México, Ernestina Godoy, agregó que lo que le pidieron en el país vecino es que “expliquen por qué es urgente” el arresto de los diez individuos, dos de los cuales ya se entregaron a las autoridades estadounidenses.
“La investigación que se sigue en relación a las diez personas es únicamente por los delitos por los que fueron señalados por Estados Unidos. No hemos ampliado la investigación a otros delitos”, explicó Godoy.
El gobernador de Sinaloa, del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se apartó temporalmente del cargo para hacer frente a las acusaciones que pesan en su contra, al igual que otros de los funcionarios señalados.
Por el momento, el Ejecutivo federal encabezado por la presidenta, Claudia Sheinbaum, se niega a cumplir con la orden de extradición de la Administración estadounidense, al adherirse al criterio de la fiscalía y reclamar más pruebas al país vecino. EFE
