Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene facultades para atender reclamaciones relacionadas con escuelas privadas, al determinar que el pago de colegiaturas constituye una relación de consumo protegida por la Ley Federal de Protección al Consumidor. Con ello, padres de familia y estudiantes podrán acudir a la dependencia en caso de incumplimientos o cobros indebidos.
La resolución pone fin a cualquier duda sobre la competencia de la Profeco para intervenir en este tipo de controversias. El fallo surgió tras un litigio de diez años iniciado por una escuela particular que impugnó una multa impuesta por la Procuraduría por no acudir a una audiencia de conciliación. Finalmente, la SCJN validó la actuación de la dependencia y respaldó sus atribuciones legales.
Entre los casos en los que la Profeco podrá intervenir se encuentran cobros no contemplados en el contrato, cuotas extraordinarias para titulación, falta de claridad en costos y condiciones del servicio, así como incumplimientos en lo ofrecido al momento de la contratación. Además, podrá verificar que los planteles informen de manera transparente sus tarifas y políticas.
La decisión también fortalece la coordinación entre la Profeco y la Secretaría de Educación Pública (SEP), instituciones que mantienen un convenio para compartir información y supervisar posibles irregularidades en escuelas particulares, con el objetivo de brindar mayor protección a las familias y estudiantes.
