Ciudad Juárez, Chihuahua.- La confrontación política y jurídica entre el ámbito federal y el estado de Chihuahua ha sumado un nuevo capítulo tras la postergación de la audiencia clave destinada a determinar la posible reapertura de una denuncia penal contra la gobernadora de la entidad, María Eugenia Campos Galván. El recurso legal, promovido originalmente por el senador Javier Corral Jurado bajo el cargo de presunto secuestro, no pudo desahogarse de acuerdo con lo programado debido a la incomparecencia del propio legislador federal ante la autoridad judicial en la capital del país.
El origen de esta disputa legal se remonta al operativo acontecido a mediados de agosto de dos mil veinticuatro en un conocido restaurante de la Ciudad de México. En dicha ocasión, elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentaron cumplimentar una orden de aprehensión en contra del exmandatario Corral por acusaciones ligadas a peculado y desvío de recursos públicos, hecho que fue catalogado por su defensa como una privación ilegal de la libertad y que derivó en la actual impugnación contra la gobernadora.
Ante la ausencia del demandante, el tribunal determinó reprogramar la cita jurídica para los próximos días, bajo el apercibimiento formal de que una nueva inasistencia por parte del senador dejará sin efecto el recurso de impugnación. De concretarse dicho escenario, la resolución judicial adquirirá un carácter definitivo, ratificando de manera permanente el no ejercicio de la acción penal en favor de la mandataria estatal y cerrando la vía jurídica abierta por el legislador.
Como respuesta institucional y política ante lo que diversos sectores locales califican como embates provenientes del orden federal, diversas organizaciones del estado de Chihuahua han manifestado una postura de respaldo hacia la gobernadora. En este contexto de tensión institucional, se ha convocado a una movilización civil en la capital del estado con el objetivo explícito de defender la gestión de la mandataria y protestar contra los procedimientos judiciales impulsados en su contra.
