CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. El gobierno del estado de Chihuahua se encuentra en el centro de la atención pública luego de que se revelara que un alto funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) está vinculado como socio de una empresa de seguridad privada sancionada por el gobierno de los Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado.
Se trata del general Ricardo Fernández Acosta, quien actualmente se desempeña como subsecretario del Sistema Penitenciario, Previsión y Reinserción Social de Chihuahua. El funcionario fue identificado como accionista de la compañía “Mamba Negra”, una firma de seguridad privada que recientemente fue objeto de sanciones por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense. De acuerdo con las autoridades norteamericanas, dicha corporación está bajo investigación por presuntas operaciones de lavado de dinero al servicio del Cártel de Sinaloa.
