Villahermosa, México. Durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación en el estado de Tabasco, la presidenta de la República Mexicana abordó las declaraciones emitidas por la gobernadora de Chihuahua, quien calificó los requerimientos de las autoridades federales como una acción motivada por intereses de índole político.
Al ser cuestionada directamente sobre la notificación enviada a la mandataria chihuahuense por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), la titular del Ejecutivo federal rechazó de forma categórica que los procedimientos ministeriales tengan un trasfondo partidista o de confrontación ideológica, señalando que la fiscalía actúa con independencia jurídica.
La presidenta puntualizó que el requerimiento, que involucra de manera simultánea a diversos funcionarios estatales tanto de Chihuahua como de Sinaloa, corresponde a un curso de acción meramente administrativo e institucional. Explicó que este tipo de determinaciones surgen comúnmente a partir del análisis y desahogo de elementos probatorios recabados por el propio ministerio público en las investigaciones que mantiene vigentes.
Finalmente, el gobierno de la República desestimó las interpretaciones de persecución que han surgido en el debate público, argumentando que el proceso se limita estrictamente a las facultades legales de la FGR. Se precisó que la corporación federal continuará informando sobre el avance de los procedimientos institucionales sin interferir en las dinámicas locales de las entidades afectadas.
