Chihuahua, México. Diversos actores políticos y representantes del Poder Legislativo local han emitido pronunciamientos públicos para señalar presuntas incongruencias y contradicciones en las posturas fijadas por la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, respecto a los recientes requerimientos de la autoridad federal.
Los cuestionamientos hacia la mandataria estatal se centran en el contraste entre sus declaraciones mediáticas a nivel nacional y las acciones procesales correspondientes. Sectores de la oposición local argumentan que existe una discrepancia en el discurso del ejecutivo estatal al calificar el procedimiento de la Fiscalía General de la República (FGR) como un asunto de índole meramente político, mientras que por otra parte se recurre a mecanismos de defensa legal en los tribunales.
Asimismo, los críticos de la administración estatal señalaron que la inconformidad manifestada por la gobernadora ante el citatorio federal contrasta con la postura que su propio grupo político mantiene en el estado, donde se ha respaldado la autonomía de las instituciones de procuración de justicia locales en casos que involucran a funcionarios de otras filiaciones partidistas.
Este debate ha intensificado la polarización en el Congreso del Estado, donde las diferentes bancadas continúan confrontando posturas sobre la legalidad y neutralidad de las investigaciones ministeriales, en un escenario institucional donde las partes involucradas mantienen visiones encontradas sobre el respeto al pacto federal y la aplicación de la ley.
